JLCyA, tribunal de injusticia laboral
Rodolfo Ruiz R.
En el Tribunal Laboral del estado el dicho que reza “en la casa del herrero azadón de palo” es más vigente que nunca.
Y es que al personal jurídico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) se le quiere presionar para que firme su renuncia por anticipado.
La intención de esta ilegal y abusiva medida impulsada por el subsecretario de Trabajo, Carlos Hernández Hernández, es evitar que los abogados que ahí prestan sus servicios puedan exigir una liquidación en caso de ser despedidos.
Lo peor del asunto es que la versión, que tiene al borde de la histeria a los empleados de las juntas especiales, fue difudida por una fuente cercanísima al mandamás de ese tribunal: Norma González Cambrón, quien además de ser sobrina política de Carlos Hernández cobra como actuaria en la JLCyA.
La amenaza de despidos en el Tribunal Laboral no es descabellada, y menos después de los cambios que se han dado en la Secretaría del Trabajo y Competitividad, a raíz del nombramiento de Pericles Olivares Flores como titular de esa dependencia, y las quejas de litigantes en contra del presidente de la Junta, Jorge Ramos Lobato.
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Esta semana el Primer Tribunal Colegiado en materia civil tendrá que emitir una resolución sobre el amparo promovido por el ayuntamiento de Puebla en contra la decisión del Tribunal Unitario y el magistrado Carlos Loranca que lo condenó a pagar más de 40 millones de pesos a la constructora Desarrollo Iberoamericano (DISA), que en la gestión de Luis Paredes Moctezuma realizó las obras de la segunda etapa del Distribuidor Vial Juárez Serdán.
El abogado externo o patrono del ayuntamiento de Puebla en este juicio es Ernesto Ramírez, quien, de acuerdo con correos enviados a esta columna, es socio de Carlos Meza Viveros en su consultora jurídica.
La deuda inicial del ayuntamiento de Puebla con DISA era de 26 millones de pesos, pero como consecuencia del litigio iniciado por la gestión dogerista para desentenerse de ese pagó, ésta asciende hoy a más de 40 millones, pues a la suerte principal hay que añadirle otros 15 o 17 millones por concepto de intereses, gastos y costas.
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Matías Rivero Marines fue designado el viernes como nuevo secretario general del Comité Directivo Municipal del PAN en la capital del estado. Su nombramiento fue impulsado por Bernardo Arrubarrena García, en la primera sesión ordinaria que encabeza como dirigente del partido en el municipio de Puebla.
Matías Rivero es abogado e hijo del también abogado patronal Matías Rivero Aguilar.
En esa misma sesión se conoció la renuncia de Francisco Emmelhainz Naveda como tesorero del Comité Municipal.
Para ocupar el puesto que dejó vacante Emmelhainz, Bernardo Arrubarrrena podría proponer al actual delegado federal de la Secretaría de Economía, Miguel Ángel Mantilla Martínez, quien ya es miembro del Comité Directivo Municipal.
Otras secretarías que también están sin titular en la dirigencia municipal panista son las de Organización, Vinculación Social, Acción Gubernamental y Capacitación.
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Blanca Macías Palma despacha desde la semana pasada como jefa de prensa de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla.
Es decir, es la responsable de la comunicación social de esta Secretaría, que tiene como titular a Sergio de la Luz Vergara Berdejo.
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