Fiscalización federal tras Javier García

• La SFP y SSA vienen por García Ramírez
• En mayo auditarán la construcción de los hospitales poblanos y determinarán en cuanto a los sobrecostos
• El legislador federal Guillermo Velázquez sueña y dice que en caso de que la Federación confirme las irregularidades que rodean ésta y otras obras, Javier García puede ser inhabilitado

 

 

Efraín Núñez Calderón

 

Las secretarías de la Función Pública y de Salud federal auditarán los sobrecostos en los hospitales construidos por Mario Marín, anunciaron diputados federales del PAN, quienes advirtieron que las dependencias federales no tendrán miramiento alguno con Javier García Ramírez, por el solo hecho de ser un funcionario público.

 

En entrevista, Guillermo Velázquez Gutiérrez, coordinador de los diputados blanquiazules poblanos en San Lázaro, subrayó que en caso de que la Federación confirme el cúmulo de irregularidades que rodean ésta y otras obras construidas con recursos federales, García Ramírez puede ser inhabilitado:

 

“De encontrar anomalías graves se solicita que se reintegre el daño patrimonial. Si el funcionario reintegra el daño se puede hacer acreedor a una inhabilitación, con esto demostraría que es incompetente para desempeñar ese cargo. Si se demuestra que hay un daño patrimonial y se rehúsa a pagarlo puede llevarse un tiempo el juicio, pero si el juicio sale en su contra y se rehúsa a pagar, puede llegar hasta la cárcel y ser obligado por las autoridades (…) Lo que procede en primera instancia en el momento de la investigación es la inhabilitación para que el funcionario no intervenga en el proceso de investigación de la anomalía y hasta la conclusión.”

 

Velázquez reveló que en una plática con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, éste le aseguró que existe voluntad de investigar en Puebla “a quien tenga que ser investigado”:

 

“Tenemos la certeza de que la auditoría llegará a partir de mayo. Verificarán rubros como los hospitales. El gobierno del estado tendrá que aclarar, especificar y entregar toda la información al respecto. Platicamos con el secretario y yo toqué el tema de obra pública en Puebla, los hospitales, las vialidades con exceso de gasto. Ellos mostraron total apertura de investigar a quien tengan que investigar.”

 

Por su parte, el diputado Alfonso Bello calificó la obra pública estatal como “la caja chica” de Mario Marín. El legislador criticó que hospitales como el General del Norte —construido con retraso significativo e inoperante hasta hace unos meses— haya tenido un costo superior a los nosocomios de lujo del grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña.

 

“Nos parece preocupante que la obra pública pueda ser la caja chica del gobernador. Queremos que el gobierno de Mario Marín aclare esto por un tema de transparencia. Queremos que los recursos federales se apliquen con criterios de transparencia y austeridad”, indicó.

 

Hace unas semanas, Guillermo Velázquez sugirió que el incremento del pasivo estatal a más de 8 mil millones de pesos —si se confirman los préstamos que adquirirá el estado este año— podrían utilizarse para cubrir los sobreprecios registrados en la mayor parte de la obra pública marinista, la cual incluye los hospitales General de la Zona Norte, Tepeaca y la construcción del periférico.

 

En su opinión, el alza considerable en el precio de los hospitales —investigación documentada por este diario— evidencia la corrupción que rodea a toda la obra pública construida en este sexenio: “Vemos muchas obras que se inflan en los presupuestos. El diezmo se tiene que justificar incrementando el monto. Quizá ésta sea la respuesta de los créditos para aplicarlos a los excedentes de las obras. Entre más cara la obra, habrá mayores excedentes para el que hace la obra y los constructores salen bien. No hay justificación lógica aunque le hayan puesto piso de mármol y acabados de lujo”, señaló.

 

Hay que recordar que la segunda etapa del Hospital General de la Zona Norte tuvo un costo superior a los 600 millones de pesos, por su parte el de Tepeaca —ambos edificados por el constructor consentido Óscar García— tuvo un costo de 126 millones de pesos. Los dos fueron entregados a destiempo y sin operar al 100 por ciento.