Ahora Montero será defensor de Zavala
PRI se negó a que el titular de Segob compareciera, pero avalaron la petición de los diputados de AN
Aprueban en Comisión que el titular de la Segob explique por escrito al Congreso las inversiones de Gil Campos en la administración marinista y las justificaciones para que se le entregara un predio de 60 hectáreas. Además de que el IEE tendrá que investigar la procedencia de recursos de la campaña electoral de Gil
Selene Ríos Andraca / Cambio
Mario Montero Serrano deberá dar la cara por Javier López Zavala, para explicarle al Congreso local porqué la Secretaría de Gobernación le regaló el predio La Galarza al narcoalcalde Rubén Gil Campos, así como detallar por escrito la participación del edil con licencia de Izúcar de Matamoros en las cajas de ahorro financiadas con recursos de la administración marinista, una vez que la Comisión de Gobernación —con la venia de los priistas— aprobó el punto de acuerdo del PAN presentado la semana pasada.
Ayer, a puertas cerradas, la Comisión de Gobernación, encabezada por el priista Pablo Fernández del Campo, aprobó también que el Instituto Electoral del Estado (IEE) investigue el origen de los recursos invertidos en la campaña electoral de “El Gavilán”, y que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) analice los 37 días de gobierno de Gil Campos.
Y es que de acuerdo con el oficio DTT868/2006 de la Dirección de Tenencia de la Tierra —adjunta a la Secretaría de Gobernación—, López Zavala autorizó la entrega del predio para el primer alcalde mexicano detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Pero, antes de la entrega del predio, el gobierno marinista había pagado 4 millones 620 mil pesos en tres pagos, consta en el anexo de Inversiones Públicas del Segundo Informe de Gobierno de Mario Marín Torres en la página 243.
Aunque el punto de acuerdo panista proponía la comparecencia de Mario Montero ante el Congreso local, los miembros de la comisión de Gobernación negociaron que el secretario marinista informara, por el momento, de manera escrita “lo más pronto posible”.
El pasado 3 de abril en sesión de la Permanente, los miembros priistas se negaron a aprobar el punto de acuerdo panista, pretextando que la Comisión Permanente carece de facultades para aprobar acuerdos. De tal manera que el documento panista fue discutido hasta ayer en el Congreso local.
Ahora, con la venia de los priistas, Montero tendrá que aclarar porqué el gobierno marinista pagó en 2006 cuatro millones 620 mil pesos por el predio La Galarza, para que Javier López Zavala, entonces secretario de Gobernación, se lo entregara a Rubén Gil Campos sin pago alguno, bajo la condición de establecer un corredor comercial en la antigua maquiladora Matamoros Garment, proyecto detenido del narcoalcalde.
Otro tema que tendrá que esclarecer Mario Montero será el de la participación de Rubén Gil en las cajas de ahorro financiadas por el erario. Cambio consignó el primero de abril que “El Gavilán” donó un millón de pesos para crear una caja de ahorro, se desprende de un boletín de Desarrollo Social: http://www.comunicacionsocial.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=10376&Itemid=46
Asimismo, explicará las razones por las que el gobierno marinista se tardó seis días en reconocer que Gil Campos se encontraba detenido en Estados Unidos por la agencia antinarcóticos Drug Enforcement Administration (DEA) desde el pasado 23 de marzo por los presuntos delitos de conspiración contra ese país y narcotráfico.
La comisión acordó instruir al Órgano de Fiscalización para que realice una auditoría a los 37 días del gobierno de Gil, así como que el IEE investigue la procedencia de los recursos aplicados por el narcoalcalde en su campaña política.
Ayer, a puertas cerradas, la Comisión de Gobernación, encabezada por el priista Pablo Fernández del Campo, aprobó también que el Instituto Electoral del Estado (IEE) investigue el origen de los recursos invertidos en la campaña electoral de “El Gavilán”, y que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) analice los 37 días de gobierno de Gil Campos.
Y es que de acuerdo con el oficio DTT868/2006 de la Dirección de Tenencia de la Tierra —adjunta a la Secretaría de Gobernación—, López Zavala autorizó la entrega del predio para el primer alcalde mexicano detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Pero, antes de la entrega del predio, el gobierno marinista había pagado 4 millones 620 mil pesos en tres pagos, consta en el anexo de Inversiones Públicas del Segundo Informe de Gobierno de Mario Marín Torres en la página 243.
Aunque el punto de acuerdo panista proponía la comparecencia de Mario Montero ante el Congreso local, los miembros de la comisión de Gobernación negociaron que el secretario marinista informara, por el momento, de manera escrita “lo más pronto posible”.
El pasado 3 de abril en sesión de la Permanente, los miembros priistas se negaron a aprobar el punto de acuerdo panista, pretextando que la Comisión Permanente carece de facultades para aprobar acuerdos. De tal manera que el documento panista fue discutido hasta ayer en el Congreso local.
Ahora, con la venia de los priistas, Montero tendrá que aclarar porqué el gobierno marinista pagó en 2006 cuatro millones 620 mil pesos por el predio La Galarza, para que Javier López Zavala, entonces secretario de Gobernación, se lo entregara a Rubén Gil Campos sin pago alguno, bajo la condición de establecer un corredor comercial en la antigua maquiladora Matamoros Garment, proyecto detenido del narcoalcalde.
Otro tema que tendrá que esclarecer Mario Montero será el de la participación de Rubén Gil en las cajas de ahorro financiadas por el erario. Cambio consignó el primero de abril que “El Gavilán” donó un millón de pesos para crear una caja de ahorro, se desprende de un boletín de Desarrollo Social: http://www.comunicacionsocial.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=10376&Itemid=46
Asimismo, explicará las razones por las que el gobierno marinista se tardó seis días en reconocer que Gil Campos se encontraba detenido en Estados Unidos por la agencia antinarcóticos Drug Enforcement Administration (DEA) desde el pasado 23 de marzo por los presuntos delitos de conspiración contra ese país y narcotráfico.
La comisión acordó instruir al Órgano de Fiscalización para que realice una auditoría a los 37 días del gobierno de Gil, así como que el IEE investigue la procedencia de los recursos aplicados por el narcoalcalde en su campaña política.
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