Deslinde tardío

Duelo de Espadas Edmundo Dantés condemontec@hotmail.com

Deslinde tardío, increíble y peligroso Es tardío, nada creíble y peligroso el deslinde que varios priístas - en su mayoría pertenecientes o cercanos al grupo estatal - están tratando de hacer en torno al narcoedil de Izúcar de Matamoros y, por si fuera poco, esta nueva crisis corroboró que la "estrategia" gubernamental para abordar temas negativos suele ser la mentira, el ocultamiento, la negación de la realidad, pese a que esta actitud implica un claro menosprecio a la inteligencia de los poblanos, quienes terminan enterándose de la realidad y comprobando la deshonestidad oficial. El caso de Rubén Gil representa claramente lo que el PRI-gobierno hace en Puebla, cuando las desviaciones, excesos y corruptelas de sus miembros son evidenciadas. Veamos: Cuando comenzó a surgir la información de que el narcoalcade estaba detenido, lo primero que hizo el grupo estatal fue negarlo tratando de poner una cortina de humo diciendo que se encontraba en Estados Unidos por razones médicas y descalificando las versiones de la captura. Cuando pocos medios locales y varios nacionales y americanos confirmaron la captura de Rubén Gil y la gravedad de las acusaciones en su contra, al régimen se le ocurrió la "genialidad" de sacar a la esposa a desmentir la detención y denunciar un "complot", como hizo López Obrador con el tema de El Encino. Una vez que, nuevamente, la realidad evidenció su mentira y lo aplastó, se le ocurrió poner al dirigente provisional del partido, el grisáceo Wenceslao Herrera Coyac, a respaldar totalmente a su correligionario priísta, mismo que un día después fue desconocido por este grupo de políticos allegados a Mario Marín Torres. Hoy, Carlos Olamendi, Alejandro Armenta Mier, Mario Montero Serrano, Valentín Meneses Rojas, Jorge Estefan Chidiac y Javier López Zavala quieren que los poblanos creamos que Rubén Gil fue una especie de "ángel invisible", que representó al Gobierno estatal en Casa Puebla en Los Angeles, a quien el PRI hizo su candidato en Izúcar y con el que Sedesol estatal se involucró en la apertura de un negocio financiero, pese a que nadie lo vio, tocó ni habló con él y a que la propia secretaría de Gobernación lo defendió a capa y espada en los primeros días de la crisis. Lo cierto es que los cargos públicos y de elección que ocupó el narcoedil en este sexenio estatal solamente se obtienen cuando se pertenece al grupo en el poder. En consecuencia, el intento de deslinde que varios intentan hacer es poco creíble, porque Rubén Gil no hubiera representado al gobierno estatal en Casa Puebla en Los Angeles y tampoco habría alcanzado la candidatura priísta en uno de los municipios más importantes de la entidad, si no fuera un miembro representativo del marinismo. También es muy tarde para que dicho grupo se deslige del narcoalcalde, porque en los primeros días de la crisis lo arropó y desmintió las acusaciones, en lugar de usar el sentido común (poco usado por ciertos funcionarios y dirigentes priístas) y deslindarse de Rubén Gil diciendo que se desconocían las denuncias en su contra o las presuntas actividades ilícitas, pero que se le había dado la representación en Los Angeles y la nominación partidista por considerarlo un migrante exitoso, que podía servir de enlace entre los poblanos que viven en EU, pero tienen a su familia y orígenes en La Mixteca. Pero el grupo que controla el PRI- Gobierno está tan acostumbrado a mentir, a tender cortinas de humo, negar la realidad y menospreciar la inteligencia de la opinión pública y publicada poblana, que en momentos de crisis lo primero que desecha es responder con la verdad (o con una parte de ella), pese a que haberse manejado con ella desde el primer momento le hubiera evitado verse evidenciado y exhibido a nivel local y nacional. Bastaba con aceptar la realidad y negar el conocimiento de las denuncias contra Rubén Gil, para que el terremoto que envuelve al narcoalcalde hubiera dejado al marinismo más o menos sin daño. Y dicho deslinde es peligroso, porque si el narcoedil percibe que sus socios, amigos o cómplices poblanos lo dejan solo, no dudará en soltar a las autoridades americanas todo lo que sabe de las anomalías o irregularidades del gobierno de Puebla, no solamente en torno al narcotráfico, sino de todos los temas. A eso se debe que la mayoría priísta en el Congreso local se niegue a investigarlo y que se le ofrezca a Rubén Gil dejar a su cuñado y hoy tesorero municipal (en una clara irregularidad de nepotismo) como presidente de Izúcar. ESTOCADA El neoparedismo que cunde en el Charlie Hall sigue generando contradicciones y dobles discursos en el "equipo" de Blanca Alcalá Ruiz. Por un lado, el tesorero Rubén Ramírez Carranza pone de pretexto una supuesta falta de recursos, para golpear a la ciudadanía quitando el seguro contra Robos a Casa Habitación, pese a que esta medida permitía reparar el daño sufrido por los ciudadanos a los que el hampa les quitaba sus propiedades. La misma presidenta se ha quejado reiteradamente del mismo y supuesto "problema". Por si fuera poco, hoy, el mismo Ramírez Carranza nuevamente pone de pretexto una supuesta falta de fondos y amenaza con que recurrirá al endeudamiento para reubicar a los ambulantes y que sacrificará la obra pública de la administración, para pagar a la constructora del Juárez - Serdán, pese a que, al mismo tiempo, los regidores y funcionarios de primer nivel amagan con saquear las arcas municipales para comprarse coches e irlos pagando en cómodas mensualidades. Y aunque la edilesa trate de deslindarse del tema diciendo que no es su problema y que los coches no se comprarán con el erario, a cualquier persona con dos dedos de frente le queda claro que los allegados a Alcalá Ruiz esperan el "subsidio municipal" para obtener sus unidades, porque - si no fuera así - bastaría con que ellos en lo individual acudieran a las agencias de autos y firmaran su crédito, para que obtuvieran los carros que tanto anhelan, sobre todo tratándose de un proceso normal y que ellos pueden demostrar fácilmente sus jugosos ingresos. A lo mejor, lo que sucede es que los funcionarios "alcalinos" ya aceptaron que no harán obra pública en el trienio y, en consecuencia, canalizarán ese dinero a la reposición de las arcas del dueño de la franquicia de la FROC- CROC en Puebla, Jorge René Sánchez Juárez, del empresario sin empresa, Julián Haddad, del vocero y operador del proyecto Z en el Cabildo, Gerardo Mejía, y de los demás regidores y secretarios que quieran que el ayuntamiento les financie sus coches. Al fin y al cabo, la labor de Sergio Vergara Berdejo se ha caracterizado más por sus declaraciones contradictorias, escandalosas y estridentes que por resultados concretos a favor de la ciudadanía.

¿Hasta dónde infiltró el narco al gobierno y al PRI estatales?

Nuevamente, colaboradores cercanos al gobernador lo meten en problemas graves al involucrar a su administración y al partido que él controla en un escándalo legal y político que alcanza a los medios nacionales, porque el fin de semana pasado el caso de Rubén Gil fue incluido en varios diarios que circulan en todo el país, aunque solamente El Universal haya informado en su primera plana que el supuesto narcoalcalde es amigo de Mario Marín Torres.

Lo cierto es que sigue siendo una constante que cuando el estado de Puebla alcanza los medios nacionales, es porque Javier Sánchez Galicia pagó inserciones millonarias en ellos...o por un escándalo que el gobierno primero trata de negar, luego lo intenta minimizar y finalmente no le queda otra más que abordar y capotearlo, cuando la realidad le estalla y los diarios que circulan en todo el país y a los no puede callar, como hace con una buena parte de la prensa poblana, lo obligan a efectuar un control de daños.

El caso del presunto narcoalcalde es muy importante por varias razones. El narcotráfico es un delito federal que debería ser perseguido por la PGR a través de la SIEDO y, en consecuencia, hay que esperar para constatar si la administración panista de Felipe Calderón continúa tapando las anomalías del gobierno de Puebla y usa electoralmente este nuevo escándalo, para que en el 2009 el PRI poblano vuelva a operar a favor del PAN, como ocurrió en el 2006 por el atentado que desde el poder se ejerció contra Lydia Cacho.

De confirmarse las denuncias en su contra, Rubén Gil no puede ser visto como un narco cualquiera, sino como uno con conexiones y relaciones muy
importantes en el gobierno de Puebla y en el partido que lo hizo candidato y presidente municipal, como lo demuestra el hecho de que haya sido nombrado por la administración estatal como encargado de Casa Puebla en los Angeles o que la Sedesol - cuando era encabezada por el futuro presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier - vinculara al ejecutivo con este presunto delincuente, mediante la creación de la empresa receptora de remesas Fast Money.

La relación de Rubén Gil con el grupo que gobierna Puebla es tan buena, que se le dio la candidatura del PRI a la presidencia de uno de los municipios mmás mimportantes de la entidad. Aquí cabría preguntarse hasta dónde el narco financió la campaña del tricolor en Izúcar de Matamoros o en el resto de la entidad, porque desde la campaña quedó claro el derroche de recursos con que Gil logró superar sus escándalos, la animadversión de la comunidad y el rechazo de políticos representativos en la zona, como Juan Manuel Vega Rayet.

Hasta ahora, Valentín Meneses Rojas - hoy titular de la SCT - no ha aclarado qué tipo de recursos usó el PRI en la campaña por Izúcar y tampoco ha precisado por qué se le dio la nominación a un personaje que en Estados Unidos es tomado como delincuente. Esta sospecha afecta a todo el partido y, obviamente, será usada por el PAN para descalificar el total de la victoria priísta, debido a que una posible infiltración del narco en la contienda electoral de Puebla es un tema que incluso hoy debería ser investigado por la PGR, para que se determine si las demás candidaturas priístas recibieron alguna ayuda de cárteles o de ese tipo de grupos.

El actual dirigente estatal del PRI, Wenceslao Herrera, cometió un autogol al refrendar el respaldo del "partido" al supuesto narcoalcalde, ya que se involucró en un tema que no le competía y resulta negativo que el priísmo avale a una persona sobre la que pesa una acusación de ese tipo. Incluso, insisto, el futuro líder priísta, Alejandro Armenta, tendría que aclarar por qué la Sedesol que encabezó respaldó la creación de una empresa que puede ser usada para lavar dinero del narco.

Por si fuera poco, una revisión a lo que se publicó durante la campaña permite conocer que Gil fue recomendado como candidato por Jorge Estefan Chidiac y Javier López Zavala, según lo que publicaron algunos columnistas que no fueron desmentidos en su momento. Por ende, valdría la pena que Marín Torres los llamara a cuentas y les reclamara el por qué lo vinculan con gente de tan dudosa reputación, cómo es que conocen a Rubén Gil o qué tipo de relación mantienen con él.

El "Alto Comisionado" del gobierno estatal para los migrantes, Carlos Olamendi, también debería aclarar qué tipo de negocios o contactos mantiene con el presunto narcoalcalde y por qué se empeñó en negar la realidad defendiéndolo, cuando las denuncias contra el edil se conocen desde hace bastante tiempo y provienen, precisamente, de la gente a la que Olamendi dice representar: los poblanos que viven en EU, con más precisión, en Los Angeles.

En resúmen, es un tema espinoso al que el gobierno respondió como lo hace casi siempre que aborda asuntos difíciles: negando la realidad hasta que ella lo golpea.