Se lava las manos la SDS en entrega de fondos del programa Unidos para Progresar
Por Ignacio Juárez Galindo / e-consulta
A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) estatal rechazó atrasos en la entrega de recursos o su condicionamiento con fines electorales el programa Unidos para Progresar, integrantes de los Comités de Desarrollo Social de la colonia Mayorazgo y el preescolar “Jovito Silva” confirmaron que las autoridades estatales los obligaron a firmar acuses de recibo de dinero y hasta la fecha no han sido entregados los cheques para las obras.
Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Desarrollo y Enlace Social de la SDS, además, negó que la dependencia haya servido para fortalecer las aspiraciones políticas del ex secretario de Gobernación estatal, Javier López Zavala, o que el funcionario se haya extralimitado en sus funciones al canalizar y gestionar obras financiadas por dicha institución.
Incluso, dijo que en el gobierno del estado existe un trabajo interinstitucional, de ahí que cualquier funcionario puede recibir las peticiones de los ciudadanos, pero al final de cuentas la Federación y el estado es responsable de validar la asignación de apoyos de la SDS.
Cada programa, añadió, tiene un marco normativo que es obligatorio cumplir, los recursos son auditados a nivel federal y estatal, de ahí que no pueden ser orientados a capricho o unilateralmente por una persona.
e-consulta difundió ayer que desde abril diferentes Comités de Desarrollo Social en el municipio solicitaron apoyo a la SDS para el desarrollo de obras de construcción de aulas, patios escolares y alumbrado público, entre otros, los cuales fueron canalizados al programa Unidos para Progresar, en sus vertientes de “Escuela Digna” y “Mi ciudad”.
Los proyectos fueron validados, pero hasta la fecha el dinero no ha sido entregado, pese a que el 20 de julio se hizo la supuesta entrega de los cheques. No obstante, los presidentes de los Comités de Desarrollo Social fueron obligados a firmar acuses de recibo del dinero sin que obtuvieran el apoyo.
A esto se suma, la exigencia de la SDS para que los comités entregaran copias de sus credenciales de electoral, lo cual supondría un delito electoral.
Juan Carlos Lastiri, en entrevista, rechazó que la SDS haya incurrido en alguna irregularidad, pues aseguró que los CDS tienen como finalidad fungir como base de organización social identificando demandas, gestión y aplicación de programas sociales; dar transparencia a las acciones del gobierno y a los recursos públicos mediante mecanismos de vigilancia y contraloría social; y fortalecer la corresponsabilidad Gobierno-Sociedad.
En el caso de las copias de las credenciales de elector, añadió, es un requisito establecido por la Ley de Desarrollo Social estatal, aprobada a finales del 2006, debido a que los cheques para las obras son enmendados a nombre de los presidentes de los CDS.
“No hay nada oculto o fuera de la ley, estamos apegándonos a la ley”, sostuvo el funcionario.
Incluso, aseguró que no existe ningún atraso en la entrega de recursos de ninguno de los programas y aunque el programa Unidos para Progresar tiene diferentes vertientes, el dinero se va liberando conforme la ejecución de la obra.
No obstante, integrantes de los CDS de la colonia Mayorazgo y el preescolar “Jovito Silva” –quienes pidieron guardar el anonimato– revelaron que las autoridades de la SDS los han convocado a cuatro reuniones donde les entregarían el dinero para las obras, pero solo les han dado largas.
El último encuentro ocurrió el lunes de la semanas pasada, pero solo escucharon la promesas de que ahora sí serán liberados los recursos para el inicio de obras.
El deslinde para Zavala
Ayer el diario Cambio difundió un expediente donde se describe con minucia la forma en que Javier López Zavala habría aprovechado su cargo como secretario de Gobernación estatal para favorecer sus intereses político, entre ellos su frustrado intento por convertirse en alcalde de la capital. En esa maniobra, lo mismo habría extralimitado sus funciones y la SDS avalaría las gestiones del ex funcionario.
En respuesta, Juan Carlos Lastiri aclaró que la única dependencia responsable de priorizar y asignar las obras es la SDS junto con el gobierno federal, pero aclaró que el gobierno del estado trabaja en un esquema interinstitucional y de coordinación, de ahí que si un funcionario recibe una petición de obra, está obligado a captarla y remitirla a la instancia adecuada.
Cualquier área de gobierno, indicó, puede remitir las peticiones y por obligación la SDS debe comprobar la veracidad de obras, la necesidad real que existe. No queda en voluntad de ningún funcionario, por ley nosotros trabajamos por indicadores de pobreza y marginación
–¿Cómo entender que políticamente no se usen programas de SDS para fortalecer las aspiraciones de un funcionario, sobre todo cuando Javier López Zavala y Alejandro Armenta Mier, titular de la dependencia, forman parte del mismo grupo político?, se le preguntó.
–Los programas que nosotros manejamos –mencionó– cada uno tiene normativa, gran parte de los planes que manejamos están en convenio con la Federación, de tal suerte son programas que pueden ser auditados por órganos de control de la Federación o el estado. Los planes no caen en caprichos de grupos o personas, ni pueden destinarse recursos de una forma unilateral o voluntariosa para beneficiar a una persona.
En la foto: Juan Carlos Lastiri
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