¿Negligencia?
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Muchas, muchas dudas siguen causando las supuestas causas del terrible accidente aéreo del pasado viernes, que costó la vida a ocho personas. ¿Error humano? ¿Malas condiciones climáticas? ¿Negligencia?
Habrá que esperar los peritajes y que éstos se hagan públicos, pero fuentes que gozan de todo crédito se inclinan, sin embargo, por la última, la peor de las posibilidades.
A menos de una semana de la tragedia que enlutó al gobierno marinista y a buena parte de la sociedad poblana, se sabe, por ejemplo, que el mismo helicóptero que explotó en el aire llevando a bordo a la esposa del secretario de Gobernación, que en paz descanse, fue utilizado un día antes en viaje oficial y que en su trayecto presentó deficiencias.
Deficiencias que, incluso, en determinado momento obligaron a la tripulación y a los pasajeros a descender para revisar el motor y el tablero de mandos; que finalmente no pasaron a mayores, pues el vuelo de regreso a esta capital se completó sin problema, y que sin embargo no se reportaron en la bitácora; tan es así que la nave volvió a utilizarse al día siguiente.
Entre gente con información privilegiada se habla, por cierto, de facturas trucadas e inspecciones “fantasma”. Si fuese el caso de la negligencia, prima hermana de la corrupción, entonces debe hablarse con todas sus letras de una negligencia. Negligencia criminal. Y castigar con severidad a quien o quienes resulten responsables del ¿homicidio?
No sé que opine usted, pero el asunto de los helicópteros al servicio del estado debe ser tratado como eso: como asunto de Estado. Lo mismo el mantenimiento técnico y las condiciones de seguridad o, en su defecto, de inseguridad con que viaja por los aires –a veces todos los días, en ocasiones un par de ocasiones por semana– el más frecuente usuario de esas naves: el titular del poder Ejecutivo en turno.
¿Están verdaderamente seguros Mario Marín y todos aquellos que se trasladan a bordo de los helicópteros a disposición del gobierno? Ojalá que sí, porque nadie quiere nuevas desgracias ni más muertes por estas u otras causas. Aquí la buena o mala suerte no pueden ser factor.
Tres accidentes –dos de ellos trágicos; el otro no, por fortuna– en los tres últimos sexenios (el de Bartlett, Melquiades y Marín), ya son demasiados. Y más que eso: suficientes para seguir jugando ¿con fuego?, dejando dudas sobre lo que ha pasado en el más reciente (ojalá también el último) de ellos.
Entre otros temas relacionados, puede estar a discusión si debe, además, reglamentarse u ordenarse el uso de estos aparatos para que sean utilizados sólo por determinados servidores públicos, para determinados fines oficiales, pero lo que no puede posponerse es evitar que se siga poniendo en riesgo la vida de más personas. El viernes, ese viernes negro, le tocó a ellas y a ellos, pero le pudo suceder a cualquiera.
Sí. No es tiempo de especular, más bien de actuar con responsabilidad. Pero también es imposible cerrar los ojos a las señales que sugieren que algo extraño pasaba en el hangar gubernamental.
El siguiente es, por ejemplo, parte del completo reporte que publicó el periódico digital www.e-consulta.com.mx el pasado lunes, bajo la firma de Elisa Batallar:
El gobierno del estado tuvo conocimiento, desde agosto de 2005, de la compra de refacciones usadas para sus helicópteros, así como de la falta de mantenimiento de las aeronaves y la contratación de pilotos presuntamente inexpertos.
A través de una carta recibida por la Secretaría de Gobernación el 29 de septiembre de 2005, el piloto Mario Aparicio Ponce advirtió al entonces secretario de Gobernación, Javier López Zavala, y al gobernador Mario Marín Torres sobre una “situación de alerta” por irregularidades ocurridas en el hangar del estado, mismas que pondrían en juego la vida de sus tripulantes, incluido el titular del Ejecutivo.
Aparicio Ponce fue el encargado del hangar del estado cuando fue gobernador Manuel Bartlett, y trabajó como piloto en la administración de Melquiades Morales. Cuenta con 13 mil horas de vuelo, una experiencia de 28 años como aviador y laboró 12 años al servicio del gobierno.
En entrevista con e-consulta, el piloto refirió que en 2005 los mecánicos José Sierra Hernández, Saúl Placencia y Manuel Ramírez fueron despedidos después de revelar que al helicóptero Bell 206L, utilizado por la policía, le pusieron un yugo usado al rotor principal en un taller clandestino en el DF.
Aclaró que los mecánicos fueron echados con “lujo de violencia” por el actual encargado del hangar, Javier Ochoa, y el encargado de los gastos administrativos del mandatario estatal, Francisco Mora, quienes solicitaron la “cooperación” de la Policía Judicial para desalojar a los mecánicos (sic).
Por ello, pero sobre todo porque aún no se prescribe en Puebla el legítimo derecho a dudar, las preguntas siguen siendo igual de válidas e igual de importantes: ¿Error humano? ¿Malas condiciones climáticas? ¿O negligencia, negligencia criminal?
Qué, qué fue. Doña Patricia Rossano de Montero, el resto de las víctimas y todos a los que nos duelen sus muertes, nos merecemos una explicación y más de una respuesta.
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