Maestros, sindicatos y transparencia

    

angel.trinidad@ifai.org.mx

 

      Que hay personas que se dicen “maestros” y no dan clase, es una de esas verdades que siempre andan circulando en los pasillos de las oficinas públicas y privadas. Lo que molesta no es que se digan “maestros” y no enseñen ni den clases de nada, sino que además cobren por ello. Esos “maestros” son, en parte, responsables del pésimo nivel educativo en que se encuentra inmerso nuestro país. En días pasados, el periódico Reforma dio cuenta en su primera plana de valiosa información relativa a todos aquellos que no acuden a ninguna aula a desquitar su salario –pagado con nuestros impuestos--, a pesar de cobrarlo y de estar adscritos a la Secretaría de Educación Pública como maestros. Tampoco demuestran su compromiso con las clases desprotegidas, aquellas por las que tanto dicen que luchan en cada perorata que arman, en cada mitin, en defensa de la educación pública. Me queda claro que lo que defienden esos crápulas no es la educación pública o la calidad de la educación, o la importancia de que los más pobres tengan oportunidad de prepararse para poder salir de su atraso. No, lo que les importa es tener un sueldo que les permita andar en la grilla, ésa sí importante, para poder obtener cargo públicos o de “representación de los intereses de la sociedad” que, como ven, no es tal.

 

El número de sindicalizados “comisionados” o “con licencia” hace que a cualquiera le hierva la sangre: aproximadamente VEINTITRÉS MIL que cobran por hacer quién-sabe-qué-cosa, menos para lo que fueron contratados. Dinero que, insisto, sale de su bolsillo, estimado lector y del mío. Un dato adicional y preocupante es que quien encabeza esta lista de la ignominia es, nada más y nada menos que el estado de Puebla, con 4 263 sindicalizados de la educación que viven cómodamente de esto que, más que sueldo, pasa a ser una especie de renta vitalicia. A quienes les debe parecer muy injusta esta situación es a todos aquellos profesores miembros del sindicato que además de cubrir sus cuotas, acuden –ellos sí, con pleno compromiso y convicción de que la base para el desarrollo de un país comienza por la educación– a sus aulas cada día a dar lo mejor de sí.

 

La cuestión es todavía peor y más indignante: el costo de estos “comisionados”, según anota Reforma, es de más de ¡¡MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ANUALES!! ¿Puede usted creerlo? Ese dinero serviría, entre otras cosas, para construir aulas dignas para los alumnos y maestros (los que sí trabajan) y dotarlas de toda la infraestructura necesaria para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en las mejores condiciones y el alumno aprenda. Con estos datos, obtenidos gracias a los nuevos instrumentos de la Transparencia y el Acceso a la Información; es fácil entender por qué, a pesar de que los gobiernos le destinan enormes cantidades de recursos a la educación, ésta no mejora: el dinero se va a la basura. Porque eso son todos aquellos que cobrar sin trabajar, que atentan contra la parte más débil de la estructura social: los niños y jóvenes de escasos recursos que estudian en condiciones paupérrimas. Nunca saldremos del atraso en que nos encontramos si no le ponemos verdadero énfasis a la educación, tal y como lo hicieron países como Corea o Singapur, que hace veinte años estaban peor que nosotros y hoy nos triplican en ingreso per capita.