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La corte de los milagros
¿Error humano o negligencia?
Rodolfo Ruiz R. miércoles, 16 de enero de 2008
El trágico accidente aéreo donde ocho personas perdieron la vida, entre ellas la esposa del secretario de Gobernación, pudo ser resultado de algo más que un simple error humano del piloto o de las condiciones climatológicas que prevalecían en Tepango de Rodríguez.
El fantasma de la negligencia se ha hecho presente de principio a fin, más allá de especulaciones o versiones sensacionalistas. Primero, con las declaraciones del piloto aviador Mario Aparicio Ponce, quien denunció que los pilotos que lo sustituyeron carecían de experiencia y que éstos utilizaban el hangar del gobierno del estado como escuela de aprendizaje.
Luego, con la difusión de la carta que el mismo capitán Aparicio le mandó en septiembre de 2005 al entonces secretario de Gobernación, Javier López Zavala, haciéndole saber que el mantenimiento que recibían los helicópteros del gobierno del estado era altamente riesgoso, por la sustitución de piezas usadas que se hacían pasar como nuevas.
Más tarde, con los testimonios de la gente del lugar, en el sentido de que el helicóptero registró un fuerte tronido antes de precipitarse a tierra y explotar, y con las imágenes publicadas sobre los restos del aeronave, que la muestran totalmente destruida, salvo el rotor de la cola, lo que a juicio de expertos en aeronáutica evidencia que el accidente pudo obedecer a una falla mecánica.
Y ahora con las versiones de quienes un día antes de la tragedia usaron el helicóptero, entre ellos el secretario de Obras Públicas, Javier García Ramírez, y el empresario editorial, Rodrigo López Sainz, quienes fueron testigos de cómo los pilotos del Bell 412-EP aterrizaron para revisar el motor y el control de mando ante lo que parecía una falla mecánica.
Si hubo o no negligencia es algo que las autoridades y peritos en la materia tendrán que resolver, lo que sí creo -y muy necesario por salud pública y tranquilidad de los deudos-, es que el gobierno del estado no debe vacilar en proporcionar toda la información a su alcance, a saber:
- ¿Cuánto costó y a quién se compró el helicóptero matrícula XCBEP?
- ¿Cuál era la empresa o concesionario encargado de su mantenimiento y servicio?
- ¿Cada cuánto se daban éstos y en dónde?
- ¿Cuánto dinero público se invirtió en reparaciones y refacciones de ese aparato?
- ¿Quién supervisaba tales servicios?
- ¿Qué pasó con la carta que el capitán Mario Aparicio Ponce le envió a López Zavala, reportándole diversas anomalías en la aeronave?
- ¿En verdad el entonces secretario de Gobernación remitió esa carta a la Contraloría del estado para abrir una investigación?
- ¿Quién es el ingeniero Javier Ochoa, y qué experiencia tiene en la administración de un hangar?
- ¿Qué antecedentes existen de Javier Ochoa como servidor público?
- ¿Alguien metería las manos al fuego por él, como una persona honorable?
- ¿Qué tienen que ver los hermanos Urzúa, propietarios de una empresa de aviación, con el hangar y el mantenimiento de los helicópteros que integran la flotilla del gobierno del estado?
- ¿Por que Ricardo Urzúa amenaza con demandas legales si alguien se atreve a inmiscuirlo en la tragedia?
- ¿Por qué el gobernador Mario Marín dejó de usar los helicópteros oficiales?
- ¿En qué condiciones se encuentran las demás aeronaves?
Sin importar el tamaño del escándalo, el gobierno tiene la obligación moral y legal de decir ahora sí la verdad. Por dura que ésta sea lo mejor que ha tenido el gobierno en sus tres años es la política de seguridad pública que recae en tres funcionarios altamente impopulares, pero a decir de las cifras, también altamente eficaces. Se trata de Mario Ayón, Alejandro Fernández Soto y Blanca Laura Villeda
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