El puente Tlaltepango se convirtió en una bomba de tiempo para el proyecto dogerista.
De entrada, el hecho de haber pagado una obra sin concluir representa una responsabilidad para todos los funcionarios que participaron en esta componenda.
Este no es un asunto menor.
Todas las obras deben ser evaluadas y deben haberse realizado las estimaciones del avance de las obras.
Es innegable que para haber finiquitado una obra sin terminar existieron funcionarios que falsearon información, con tal de que la constructora recibiera el pago respectivo.
Si tomamos en cuenta que el puente Tlaltepango era la “cereza del pastel”, es lógico pensar que Enrique Doger estuvo al tanto de esta anomalía.
Pero, incluso, él debió haber autorizado la liquidación.
De ser así, los funcionarios municipales, incluido el exalcalde, podrían recibir alguna sanción administrativa.
Y por supuesto, podrían ser inhabilitados.
¿Ahora a quién le va a echar la culpa Enrique Doger por la clausura de su megaobra de cierre de trienio?
Es una pena que a falta de argumentos para justificar su ineficiencia, el expresidente municipal esté concentrado en acusar a cuanto enemigo se le viene a la mente, y de orquestar campañas en su contra.
Esta vez no fueron los medios de comunicación, no fue el secretario de Finanzas ni el de Gobernación. Tampoco fue Zavala ni Charbel ni “El Vale” Meneses. Esta vez fue el nuevo secretario de Obra Pública el que puso al descubierto el cochinero que la anterior administración dejó en el puente de Tlaltepango.
Sergio Vergara Berdejo fue tajante cuando relató ante los medios todas las irregularidades que registra el puente.
Y conste que no son cualquier cosa.
Las fallas más alarmantes son la irregularidad del pavimento y sobre todo la peligrosidad para los automovilistas.
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