Ley del Garrote

La ley del garrote

    

       Tenemos uno de los peores sistemas de justicia en el mundo; la protección de los derechos humanos es más discurso que hechos. Para colmo, la reforma constitucional en materia de justicia es mediocre: no mejora el sistema e institucionaliza la posibilidad de violar los derechos humanos. Dice la Constitución francesa que un orden jurídico en el que no opera la división de poderes ni la efectiva protección a derechos humanos, carece de Constitución.

 

La reforma es mediocre si de verdad queremos lograr un estado de derecho en México, al no tocar temas que implican grandes avances. Por ejemplo: definir el contenido y el fin del sistema de justicia –reitero la propuesta de considerar a la justicia como la conciencia de la historia para el desarrollo–; fijar la autonomía del Ministerio Público (desprenderlo por completo del Ejecutivo y disponer su designación por méritos); profesionalizar de verdad –implica mejorar sustancialmente reglas al respecto– a jueces, al Ministerio Público y a las policías; instrumentar mecanismos para hacer efectivos la responsabilidad y rendición de cuentas de los servidores públicos al servicio de la justicia, etcétera. Me refiero al diseño de un sistema de justicia democrático, con el objetivo de prestar un servicio público eficaz, eficiente y que gane legitimidad social, tarea de los poderes y niveles de gobierno.

 

Los juicios orales, los jueces de control –de la legalidad–, la defensoría de oficio de calidad y mejores remuneraciones son aspectos positivos, pero no de fondo.

 

La reforma institucionaliza la posible violación a derechos humanos (lo que resulta contradictorio con la teoría constitucional) al permitir, por ejemplo: detenciones y allanamientos arbitrarios al desvirtuar el concepto de flagrancia; legalizar el arraigo hasta por 80 días tratándose de delincuencia organizada (cuyo concepto es muy amplio); el ingreso de la policía sin orden judicial cuando –en su criterio– exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas.

 

La lucha contra el narco no justifica este error (¿o será terror?) legislativo, ni en el corto ni en el largo plazos. Parece que las autoridades actúan contra la concepción de un Estado Constitucional Democrático de Derecho para nuestro país.