Mitos geniales. Lejos quedaron aquellos días en que Melquiades Morales, en su calidad de “gobernador educador”, decidió otorgar libros de texto gratuitos a los alumnos del nivel de educación media superior, idea que propuso el entonces director de ese nivel, el profesor normalista Darío Carmona.
En ese momento, los operadores enviados por el secretario de Educación para llevar a cabo el plan sacaron de las bodegas de las librerías los saldos que en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta se conocieron como "ladrillos", y con las reformas a la educación básica en los noventa y el propio desarrollo de las disciplinas en los distintos campos del conocimiento, marcaron la obsolescencia de esos materiales didácticos.
Melquiades presumió que sería el primer gobierno estatal en implantar una política de libros de texto gratuito para este nivel. Los funcionarios de la SEP contaron con los recursos y apresuraron la entrega, con la salvedad de que el “gran cambio” fue la portada de los viejos libros, destacando la imagen institucional del gobernador y los funcionarios del sector, quienes siguen incrustados en la nómina de la dependencia.
Una política planteada en estos términos era obvio que tendía al fracaso. La fórmula no permeó en el ámbito nacional, ni Melquiades se distinguió como gobernador educador. Lo que quedó patente es que ni para maestros ni para alumnos los libros de texto gratuitos fueron útiles, tanto que hoy forman parte del material que dan de baja las bibliotecas de las escuelas a las que llegaron. Vaya, ni siquiera sirven para consulta.
Lo más preocupante son los tiempos que corren, porque detrás del secretario Carmona siguen haciendo negocios en un mercado cautivo, pues a lo largo del presente ciclo escolar organizaron la venta de libros de texto para diversas asignaturas del bachillerato, con una leyenda que a la letra dice:
“Libro acorde al nuevo programa de estudios” y los comercializan a través de la librería Book Mart,. A ciencia cierta, nadie sabe qué es esta empresa, ya que la calidad de su edición y servicios no brindan la idea de que sea seria y debidamente reconocida entre la industria editorial, ya no digamos del país, ni siquiera la poblana.
A espaldas del secretario hay muchos intereses en juego, ya que funcionarios del nivel, jefes de zona, supervisores, directores y personal docente forman parte de la cadena de venta que hace posible que los textos los adquiera obligatoriamente el alumno, mover una estructura pública con salarios que paga la sociedad y muchas de las veces el mismo docente, que tiene que desembolsar recursos propios para recoger los textos y llevarlos a la escuela. Es un negocio que se cocina desde la misma dependencia.
Es más, por la cadena no pasa dinero en efectivo. Directamente el alumno debe hacer el depósito en HSBC a la cuenta 4141124488 a nombre de la Asociación Editorial, Librerías y Empresas para la Educación, AC, por aquello de evitar triangulaciones innecesarias de efectivo. Es así como juegan en un negocio millonario que el secretario Carmona debe frenar, a riesgo de que lo acusen de cómplice de esos abusos, que sangran a los padres de familia y generan un monopolio económico –que es un delito– con la educación pública.
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