Aplica médico de la Beneficencia Española prótesis no autorizada
Por Juan Pablo Proal / E-consulta
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó que la Secretaría de Salud federal jamás emitió la aprobación para colocar prótesis del tipo PDN a la empresa Raymédica.
Esta información corroboraría que el médico Carlos Ricardo Rueda Alvarado aplicó un aparato artificial sin certificación al ciclista de montaña Guillermo Michel Guzmán, quien quedó dañado irreparablemente.
En el oficio CAS/1/OR/2007 de la Dirección General de Tecnología de la Información, la Cofepris revela que “no se encontró registro sanitario alguno que se haya emitido ni para la empresa, ni para el producto citado en los años 1997 y 1998”.
Por si fuera poco, este dispositivo está sujeto a investigación por la ley federal de los Estados Unidos.
La documentación de la Comisión va en sentido contrario del dicho del doctor Rueda Alvarado, quien para defenderse de la denuncia interpuesta por el convaleciente (inscrita en el folio 2304/2002/SUR/DMS-V) argumentó que la prótesis aplicada a Michel Guzmán le fue aprobada en 1997.
El caso de Michel Guzmán se remonta a 2002. El entonces ciclista de montaña sufrió un leve dolor en la espalda. Visitó al doctor Rueda Alvarado, quien le recomendó operación inmediata. El médico le aplicó un prótesis que meses después fue rechazada por el cuerpo del deportista. A raíz de la intervención, el convaleciente ha permanecido en silla de ruedas desde ese año, con intensos y periódicos dolores.
La operación costó 200 mil pesos y fue aplicada en las instalaciones de la Beneficencia Española en Puebla.
El 5 de septiembre de 2006 el doctor José Luis Cuamatzi Cortés, del Departamento de Imagenología del Hospital Betania, encontró, por medio de un estudio, una serie de daños en los discos de la columna dorsal, hernias y quistes hepáticos. Con este panorama, existe riesgo de que el ciclista no vuelva a caminar.
A raíz de estas inconsistencias el paciente interpuso la denuncia 2304/2002/DMS-V ante la Procuraduría General de Justicia. Después de 22 meses, el recurso continúa siendo analizado por las autoridades.
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