¿Complicidad?

En la incertidumbre, caso Juárez Acevedo
  Se desentiende Sedecap y el Congreso local de emitir un fallo sobre el tema en cuestión 
 
 

Pilar Bravo / Intolerancia
Foto Alfredo Fernández

 

La Comisión para el Acceso a la Información Pública recibió este año menos solicitudes de intervención, pero cierra con mayores respuestas a los ciudadanos que tuvieron el respaldo para obtener la información del Poder Ejecutivo y sus dependencias.

 

Sin embargo, el caso del presidente de este organismo, Antonio Juárez Acevedo, quien fue denunciado por partidos políticos por haber omitido su filiación a una asociación con tintes políticos, quedó en el limbo, ya que no fue resuelta ni por la Sedecap ni por el Congreso del estado.

 

La Secretaría de Desarrollo y Control de la Administración Pública, a través de su titular, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, en entrevista informó que la investigación solicitada por los diputados de la LVI legislatura, sobre la actuación y desempeño del presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública en Puebla (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, sigue su curso como cualquier otro caso.

 

Así lo informo el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien aseveró que una vez concluida la investigación tocará al Congreso resolver el asunto, atendiendo a las consideraciones de la investigación de los documentos que aportará la Contraloría a su cargo.

 

Sánchez Ruiz indicó que no corresponde a su persona señalar si es la actual legislatura o la entrante la que resuelva el expediente, hasta después del 15 de enero, pero reiteró que esta investigación está prácticamente concluida, pero se negó a dar a los medios los resultados, ya que es política de la Sedecap no dar nunca informes parciales.

 

Recalcó que él no puede hacer un señalamiento a favor o en contra del titular de la CAIP, ya que a ellos se les solicitó sólo la investigación, y serán los diputados los que determinen la responsabilidad o no, para lo cual, dijo, se pondrán a consideración de los integrantes de la legislatura los documentos recabados para constatar las conductas sujetas de investigación.

 

Sobre este asunto destaca que el presidente de la Gran Comisión de la LVI legislatura, Pericles Olivares Flores, dejó abierta la posibilidad de realizar en el mes de enero una sesión extraordinaria para atender este pendiente.

 

Cabe recordar que el legislador y presidente de la Comisión de Gobernación había destacado en declaración anterior que esta investigación tiene que ver con el cumplimiento a lo que marcan las leyes de Transparencia y de Responsabilidades de los Servidores Públicos para lo cual, en caso de instrumentar un procedimiento en contra del comisionado de transparencia, éste tendrá que ser aprobado por las dos terceras partes del pleno de los diputados.

 

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La CAIP no debe nada
Por su parte, los consejeros Josefina Buxadé, Antonio Juárez y Samuel Rangel, cierran el año con la certeza de haber dado cumplimiento a las demandas que tuvieron sobre la información de dependencias y organismos gubernamentales.

 

Entre las resoluciones y casos que resolvieron este año, fueron incluso en contra de la Oficina del Ejecutivo, recurso que se registró con el expediente 11/OTE-02/2007, mismo que fue presentado por la comisionada Josefina Buxadé Castelán a principio de año donde el recurrente presentó su solicitud de información ante la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la oficina del titular del Ejecutivo del estado, en la que solicitó "… copia de las facturas o convenios publicitarios signados con los medios de comunicación locales y nacionales desde que inició el gobierno en turno a la fecha. Favor de comprender medios impresos, electrónicos, virtuales, radiofónicos y televisivos…". El sujeto obligado argumentó en su respuesta que "… la información relativa a las copias de las facturas que solicita es información que está clasificada como de acceso restringido, en su modalidad de reservada con carácter temporal".

 

Pero intervino hasta sus últimas consecuencias en otros ocho casos donde se exigió a las dependencias cumplir con el ordenamiento de dar la información a los ciudadanos. Se resolvieron asuntos de Finanzas, Educación Pública, oficina del gobernador y Obras Públicas como las dependencias más señaladas y requeridas de información.

 

Sobre la investigación que dicen se abrió a Antonio Juárez, la CAIP desconoce lo que se investiga, pero está en la mejor disposición de colaborar para esclarecer cualquier situación.