Óscar Aguilar sigue lucrando con el IPV
Lo acusan de vender las viviendas de la colonia Gobernadores que ya tienen dueño
Efraín Núñez Calderón / Cambio
Documentos en poder de Cambio dan muestra del cúmulo de irregularidades que el funcionario marinista sigue cometiendo protegido por la justicia poblana. El fin de semana pasado, la vivienda ubicada en la calle Patricio Furlong número 16, manzana 38, lote 22 del fraccionamiento, perteneciente a Gabriela Martínez López, fue invadida por una nueva familia
Óscar Aguilar González, director del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) sigue lucrando con la venta de casas del fraccionamiento Gobernadores a no beneficiarios de los programas del organismo. A pesar de que desde 1998 se encuentra trabado el proceso de escrituración de las viviendas entregadas por el IPV, el funcionario vende a no beneficiarios las casas que ya fueron entregadas a los verdaderos beneficiarios.
Documentos en poder de Cambio dan muestra del cúmulo de irregularidades que el funcionario marinista sigue cometiendo protegido por la justicia poblana. El fin de semana pasado, la vivienda ubicada en la calle Patricio Furlong número 16, manzana 38, lote 22 del fraccionamiento, perteneciente a Gabriela Martínez López, fue invadida por una nueva familia.
El argumento de los nuevos habitantes es que son beneficiarios del IPV y que tomaron posesión de la vivienda hace una semana, a pesar que desde 2003 hicieron la petición para acceder a una casa de interés social.Más aún, Aguilar González ahora utiliza prestanombres para realizar estas anomalías. Entre estas personas se encuentra Myriam Martínez, vecina de Gobernadores quien, a decir de los vecinos, argumenta tener relación directa con el titular del IPV, y Flor Ibeth Oropeza, quien según estas versiones es funcionaria del organismo y fue precisamente ella quien ordenó la invasión del domicilio citado.
Una de las evidencias más contundentes es el listado de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) de principios de esta década en la que aparece como beneficiaria María Guadalupe Velasco Jiménez. No obstante, en el último padrón del IPV para la escrituración de las casas del fraccionamiento, no fue tomada en cuenta a pesar de haber pagado el valor total de la casa, contando con los comprobantes correspondientes, así como con la carta de asignación de su vivienda.
El fin de semana pasado, este diario hizo una inspección en el fraccionamiento Gobernadores. En entrevista, Ana María Hernández Zenteno, quien ocupa el domicilio en discordia, entró en contradicciones al asegurar en primera instancia que firmó el contrato para acceder a su vivienda desde 2003. Minutos después dijo que en realidad firmó el contrato de compraventa el viernes pasado previo a que tomara posesión de la vivienda.
Según la versión de Hernández Zenteno, en el IPV no le han cobrado ninguna cantidad por su casa, ya que los funcionarios le dijeron que comenzará a pagar una vez que termine el proceso de escrituración. También dejó en claro que no abandonará dicho domicilio, debido a que cuenta con los documentos que la acreditan como dueña.
En ese sentido, hizo referencia al contrato de comodato firmado con el Instituto Poblano de la Vivienda, fechado el 15 de diciembre de 2003. Sin embargo, Gabriela Martínez López, cuenta con el documento que contiene la fecha de entrega de su domicilio —en noviembre de 2000—, así como fichas de depósito en las que realizó pagos de su casa, los cuales tienen fecha de 2001. Asimismo, mostró diversos pagos del servicio de agua potable.
Gabriela Martínez argumenta que tuvo que dejar su vivienda durante algunos meses debido a que cuidó de su hermana enferma, no obstante, nunca dejó de acudir a revisar el estado de su domicilio: “incluso estaba por regresar, pero estas personas esperaron el momento en que salí para tomar posesión de la casa”.
Por si fuera poco, la noche del viernes pasado en que invadieron su casa, acudió a levantar una denuncia al Ministerio Público en donde se negaron a tomarle la declaración bajo el argumento de que era muy tarde para poder realizar una inspección domiciliaria:
“Mi hermana se enfermó. Tiene cinco meses que dejé el domicilio pero hemos estado viniendo, ya estábamos arreglando la casa para regresar. En el IPV compré mi casa. Vamos a demandar por la usurpación y en contra de Óscar Aguilar”, aseguró.
Documentos en poder de Cambio dan muestra del cúmulo de irregularidades que el funcionario marinista sigue cometiendo protegido por la justicia poblana. El fin de semana pasado, la vivienda ubicada en la calle Patricio Furlong número 16, manzana 38, lote 22 del fraccionamiento, perteneciente a Gabriela Martínez López, fue invadida por una nueva familia
Óscar Aguilar González, director del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) sigue lucrando con la venta de casas del fraccionamiento Gobernadores a no beneficiarios de los programas del organismo. A pesar de que desde 1998 se encuentra trabado el proceso de escrituración de las viviendas entregadas por el IPV, el funcionario vende a no beneficiarios las casas que ya fueron entregadas a los verdaderos beneficiarios.
Documentos en poder de Cambio dan muestra del cúmulo de irregularidades que el funcionario marinista sigue cometiendo protegido por la justicia poblana. El fin de semana pasado, la vivienda ubicada en la calle Patricio Furlong número 16, manzana 38, lote 22 del fraccionamiento, perteneciente a Gabriela Martínez López, fue invadida por una nueva familia.
El argumento de los nuevos habitantes es que son beneficiarios del IPV y que tomaron posesión de la vivienda hace una semana, a pesar que desde 2003 hicieron la petición para acceder a una casa de interés social.Más aún, Aguilar González ahora utiliza prestanombres para realizar estas anomalías. Entre estas personas se encuentra Myriam Martínez, vecina de Gobernadores quien, a decir de los vecinos, argumenta tener relación directa con el titular del IPV, y Flor Ibeth Oropeza, quien según estas versiones es funcionaria del organismo y fue precisamente ella quien ordenó la invasión del domicilio citado.
Una de las evidencias más contundentes es el listado de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) de principios de esta década en la que aparece como beneficiaria María Guadalupe Velasco Jiménez. No obstante, en el último padrón del IPV para la escrituración de las casas del fraccionamiento, no fue tomada en cuenta a pesar de haber pagado el valor total de la casa, contando con los comprobantes correspondientes, así como con la carta de asignación de su vivienda.
El fin de semana pasado, este diario hizo una inspección en el fraccionamiento Gobernadores. En entrevista, Ana María Hernández Zenteno, quien ocupa el domicilio en discordia, entró en contradicciones al asegurar en primera instancia que firmó el contrato para acceder a su vivienda desde 2003. Minutos después dijo que en realidad firmó el contrato de compraventa el viernes pasado previo a que tomara posesión de la vivienda.
Según la versión de Hernández Zenteno, en el IPV no le han cobrado ninguna cantidad por su casa, ya que los funcionarios le dijeron que comenzará a pagar una vez que termine el proceso de escrituración. También dejó en claro que no abandonará dicho domicilio, debido a que cuenta con los documentos que la acreditan como dueña.
En ese sentido, hizo referencia al contrato de comodato firmado con el Instituto Poblano de la Vivienda, fechado el 15 de diciembre de 2003. Sin embargo, Gabriela Martínez López, cuenta con el documento que contiene la fecha de entrega de su domicilio —en noviembre de 2000—, así como fichas de depósito en las que realizó pagos de su casa, los cuales tienen fecha de 2001. Asimismo, mostró diversos pagos del servicio de agua potable.
Gabriela Martínez argumenta que tuvo que dejar su vivienda durante algunos meses debido a que cuidó de su hermana enferma, no obstante, nunca dejó de acudir a revisar el estado de su domicilio: “incluso estaba por regresar, pero estas personas esperaron el momento en que salí para tomar posesión de la casa”.
Por si fuera poco, la noche del viernes pasado en que invadieron su casa, acudió a levantar una denuncia al Ministerio Público en donde se negaron a tomarle la declaración bajo el argumento de que era muy tarde para poder realizar una inspección domiciliaria:
“Mi hermana se enfermó. Tiene cinco meses que dejé el domicilio pero hemos estado viniendo, ya estábamos arreglando la casa para regresar. En el IPV compré mi casa. Vamos a demandar por la usurpación y en contra de Óscar Aguilar”, aseguró.
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