Tiempos de Nigromante de Arturo Rueda
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El Ugalde poblano
Jorge Sánchez Morales tendría que cuidarse para no sufrir las mismas cuitas que hoy enfrenta Luis Carlos Ugalde. El consejero presidente del IFE siente hoy su cabeza rodar, antes que por su irregular actuación al frente del proceso electoral 2006, por culpa su estrecha relación con el poder fáctico llamado Elba Esther Gordillo, agente fundamental en su designación cuando todavía era priísta y coordinaba la fracción tricolor en San Lázaro, allá en el lejano 2003. Las sospechas sobre Ugalde, y que lo tienen a borde de la defenestración, es que antes de los intereses del país, de la democracia y hasta del gobierno federal, actuó bajo las órdenes de La Maestra.
Los mismos malos pasos recorre hoy el consejero presidente del IEE al justificar, sin argumentos, el proselitismo ilegal que Javier López Zavala, en su calidad de candidato a diputado por el principio de representación proporcional, pretende iniciar por todo el estado con espectaculares y pendones. En una época en la que los actores políticos y sociales luchan por rebajar el costo de los procesos democráticos, Jorge Sánchez Morales pretende cruzarse de brazos y hasta por el contrario, le da patente de corso a la ilegalidad.
Subrayar el proselitismo de Zavala, antes que una campaña negra –como sugirió ayer el ex secretario de Gobernación-, es adelantarse a un tema que más tarde o temprano tendrá que afrontar el Consejo General del IEE: el cuantioso rebase a los topes de campaña aprobados por los mismos consejeros electorales.
La hipótesis del consejero presidente, en el sentido de que si los gastos de los candidatos plurinominales no están prohibido en el Código Electoral, entonces están permitidos, es bastante indigna proviniendo de un Consejero Electoral. Como la doctrina lo establece muy claramente, la naturaleza de un Código Electoral es plenamente restrictiva, es decir, establece sólo aquello que se puede hacer en lucha por un cargo público. Valga el ejemplo: el Código no necesita establecer dogmáticamente la prohibición al uso de los recursos provenientes del narcotráfico en una campaña electoral. Al no permitirlos, inmediatamente los está prohibiendo.
Sucede así con los gastos de los candidatos pluris: el Código Electoral no los contempla, pero ese hecho no significa que existe una laguna en la ley. Veamos. El Consejo General determina un tope de campaña general, que se subdivide en topes de campaña para municipios y para cada distrito electoral. Es decir, sólo los candidatos que compiten en voto directo pueden hacer proselitismo y por ende, realizar gastos de campaña que están limitados por el tope general.
Si los candidatos pluris pudieran colocar propaganda, inmediatamente alterarían el tope general de la campaña y el máximo de recursos a utilizar por los partidos políticos. ¿Los gastos de Zavala en dónde encuadrarían? Ni en ayuntamientos, ni en diputados de mayoría. ¿Acomodarlos como gastos ordinarios? Sería una violación flagrante al Coipep. ¿Entonces?
En lugar de poner orden, como correspondería al órgano electoral, Jorge Sánchez prefiere fingir demencia sobre un problema real que comienza a contaminar el proceso electoral. Ya que hoy no sólo se trata de Javier López Zavala, sino también de Valentín Meneses, que según afirman los zavalistas, subirá sus espectaculares y pendones. Se trata de una fuga hacia adelante: si los priístas han decidido aprovecharse de la ilegalidad, o de la “laguna jurídica”, como le llaman los consejeros, ¿por qué no habrán de hacerlo los panistas?
Se trata entonces de que, por una terracería, los partidos políticos gastarán más dinero del que tienen permitido para el proceso electoral 2007. Y como siempre sucede, después del niño ahogado taparán el pozo. Es decir, terminado el proceso vendrán la fiscalización y ahí se descubrirá que el PRI gastó más de lo permitido. ¿Y que sucederá? Que el Consejo General impondrá una multa, pero eso no eliminará la inequidad y la ventaja ilegal de la que gozó el tricolor.
Y si Jorge Sáncheza finge demencia, e incluso otorga la patente de corso a Javier López Zavala, no se debe que desee quitarse problemas a unos días de las elecciones, sino a que es público y conocido la importante participación del entonces Secretario de Gobernación en su designación como Consejero Presidente del IEE. Distancias salvadas, Zavala es a Jorge Sánchez lo que Elba Esther Gordillo a Luis Carlos Ugalde.
El Consejero Presidente del IFE condujo la elección federal del 2006 bajo los intereses de La Maestra, y hoy se ha hecho un personaje desechable. Si Jorge Sánchez decide poner al órgano electoral al servicio de los intereses zavalistas, no es descartable una rebelión al interior del propio organismo. Y un día, quizá no muy lejano, la guadaña rondaría su cuello, como le pasa a Ugalde.
Así que mejor, en lugar de proteger la propaganda de Zavala, debería preocuparse, o por crear un modelo regulatorio, o de plano prohibirla. Pero no sentarse a ver como la ilegalidad le pasa por los ojos.
El Ugalde poblano
Jorge Sánchez Morales tendría que cuidarse para no sufrir las mismas cuitas que hoy enfrenta Luis Carlos Ugalde. El consejero presidente del IFE siente hoy su cabeza rodar, antes que por su irregular actuación al frente del proceso electoral 2006, por culpa su estrecha relación con el poder fáctico llamado Elba Esther Gordillo, agente fundamental en su designación cuando todavía era priísta y coordinaba la fracción tricolor en San Lázaro, allá en el lejano 2003. Las sospechas sobre Ugalde, y que lo tienen a borde de la defenestración, es que antes de los intereses del país, de la democracia y hasta del gobierno federal, actuó bajo las órdenes de La Maestra.
Los mismos malos pasos recorre hoy el consejero presidente del IEE al justificar, sin argumentos, el proselitismo ilegal que Javier López Zavala, en su calidad de candidato a diputado por el principio de representación proporcional, pretende iniciar por todo el estado con espectaculares y pendones. En una época en la que los actores políticos y sociales luchan por rebajar el costo de los procesos democráticos, Jorge Sánchez Morales pretende cruzarse de brazos y hasta por el contrario, le da patente de corso a la ilegalidad.
Subrayar el proselitismo de Zavala, antes que una campaña negra –como sugirió ayer el ex secretario de Gobernación-, es adelantarse a un tema que más tarde o temprano tendrá que afrontar el Consejo General del IEE: el cuantioso rebase a los topes de campaña aprobados por los mismos consejeros electorales.
La hipótesis del consejero presidente, en el sentido de que si los gastos de los candidatos plurinominales no están prohibido en el Código Electoral, entonces están permitidos, es bastante indigna proviniendo de un Consejero Electoral. Como la doctrina lo establece muy claramente, la naturaleza de un Código Electoral es plenamente restrictiva, es decir, establece sólo aquello que se puede hacer en lucha por un cargo público. Valga el ejemplo: el Código no necesita establecer dogmáticamente la prohibición al uso de los recursos provenientes del narcotráfico en una campaña electoral. Al no permitirlos, inmediatamente los está prohibiendo.
Sucede así con los gastos de los candidatos pluris: el Código Electoral no los contempla, pero ese hecho no significa que existe una laguna en la ley. Veamos. El Consejo General determina un tope de campaña general, que se subdivide en topes de campaña para municipios y para cada distrito electoral. Es decir, sólo los candidatos que compiten en voto directo pueden hacer proselitismo y por ende, realizar gastos de campaña que están limitados por el tope general.
Si los candidatos pluris pudieran colocar propaganda, inmediatamente alterarían el tope general de la campaña y el máximo de recursos a utilizar por los partidos políticos. ¿Los gastos de Zavala en dónde encuadrarían? Ni en ayuntamientos, ni en diputados de mayoría. ¿Acomodarlos como gastos ordinarios? Sería una violación flagrante al Coipep. ¿Entonces?
En lugar de poner orden, como correspondería al órgano electoral, Jorge Sánchez prefiere fingir demencia sobre un problema real que comienza a contaminar el proceso electoral. Ya que hoy no sólo se trata de Javier López Zavala, sino también de Valentín Meneses, que según afirman los zavalistas, subirá sus espectaculares y pendones. Se trata de una fuga hacia adelante: si los priístas han decidido aprovecharse de la ilegalidad, o de la “laguna jurídica”, como le llaman los consejeros, ¿por qué no habrán de hacerlo los panistas?
Se trata entonces de que, por una terracería, los partidos políticos gastarán más dinero del que tienen permitido para el proceso electoral 2007. Y como siempre sucede, después del niño ahogado taparán el pozo. Es decir, terminado el proceso vendrán la fiscalización y ahí se descubrirá que el PRI gastó más de lo permitido. ¿Y que sucederá? Que el Consejo General impondrá una multa, pero eso no eliminará la inequidad y la ventaja ilegal de la que gozó el tricolor.
Y si Jorge Sáncheza finge demencia, e incluso otorga la patente de corso a Javier López Zavala, no se debe que desee quitarse problemas a unos días de las elecciones, sino a que es público y conocido la importante participación del entonces Secretario de Gobernación en su designación como Consejero Presidente del IEE. Distancias salvadas, Zavala es a Jorge Sánchez lo que Elba Esther Gordillo a Luis Carlos Ugalde.
El Consejero Presidente del IFE condujo la elección federal del 2006 bajo los intereses de La Maestra, y hoy se ha hecho un personaje desechable. Si Jorge Sánchez decide poner al órgano electoral al servicio de los intereses zavalistas, no es descartable una rebelión al interior del propio organismo. Y un día, quizá no muy lejano, la guadaña rondaría su cuello, como le pasa a Ugalde.
Así que mejor, en lugar de proteger la propaganda de Zavala, debería preocuparse, o por crear un modelo regulatorio, o de plano prohibirla. Pero no sentarse a ver como la ilegalidad le pasa por los ojos.
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