Transparencia, guerra perdida en Puebla
¿De qué tamaño es la voluntad política del gobierno marinista para la rendición de cuentas?, es una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo del sexenio y que, más allá de conjeturas y sospechas, ya puede ser respondida con precisión.
Y es que acaba de publicarse un documento indispensable que permite, entre otras cosas, confirmar lo que se ha escrito y dicho en diversos foros: la guerra por la transparencia y el acceso a la información gubernamental está perdida en Puebla.
“La transparencia en la República: un recuento de buenas prácticas”. Así se denomina el análisis general a través del cual el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) resume los avances (escasos aún) y los rezagos (enormes) que al respecto registran los actuales y principales arrendatarios –que no dueños– del poder en México: los gobernadores.En dicho documento, Puebla y sus autoridades son juzgadas por su trabajo en la materia, y el resultado de la evaluación no es favorable; más bien, vergonzoso.
Y es que, según el IFAI, el gobierno no sólo no informa lo que por derecho está obligado, sino que cuando lo hace, lo hace mal y de malas: es decir, parcial y deficientemente, y como si hiciese un favor por el cual la sociedad tendría que estar eternamente en “deuda”.
Peor tantito: el espíritu del estudio ayuda a ratificar lo que ya se sabía: de reciente cuño, como la ley que le dio origen, la Comisión (estatal) para el Acceso a la Información Pública (CAIP) ha funcionado hasta hoy, en los hechos, como una tapadera, pues en lugar de facilitar y agilizar el flujo de datos oficiales, complica el proceso o lo anula de plano, so pretexto de la “confidencialidad” de la información solicitada, la cual no pocas veces ha sido calificada casi, casi de secreto “de Estado”.
Además de títeres y obedientes guardianes del titiritero mayor, son cómplices en esa tarea de drenaje profundo, dos de los tres “comisionados”: Samuel Rangel y Antonio Juárez –actores de comedia de pena ajena, sin duda–.El recuento del IFAI es amplio y el espacio no alcanza para comentarlo completo, pero sí, en descargo, que Puebla resultó mal evaluado en la mayoría de los rubros que se consideraron (actualizaciones de datos personales, acceso, procedimientos para la solicitud y sanciones) y que, de suyo prehistórica, la ley que desde febrero de 2006 rige –es un decir– la transparencia y el acceso a la información pública en Puebla es una de las peores y más opacas del país.
Ejemplo: en la práctica, la norma no faculta a la CAIP para tener injerencia en los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), los partidos políticos, los municipios ni los órganos autónomos, vacíos que promueven la impunidad, al tiempo que aspectos torales que –en contraste– sí se contemplan en casi todas las leyes del resto de México.
Eso, eso por no hablar de las famélicas sanciones que prevé para aquel burócrata que, aun agotado el correspondiente procedimiento jurídico, insista en negarse a entregar la información solicitada por cualquier ciudadano.Aquí, hasta hoy, nadie ha sido siquiera amonestado verbalmente por incumplir con la ley –y vaya que ha habido casos–.
Ello, el castigar con ejemplar rigor, pasará, seguro, hasta dentro de dos o tres generaciones, cuando salgamos del subdesarrollo político que todos sufrimos y fomentamos. En otras palabras, hasta que muera para siempre la peregrina idea de que el estado se escritura –o debe escriturarse– cada seis años a un nuevo grupo de poder, sin importar su signo, valor, talento, interés y destino.Sí, es correcto: perdida está en Puebla la guerra por la transparencia.
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