Martes 11 de Diciembre de 2007
Fernando Maldonado / TV Azteca
La expectativa por quien ocupará la presidencia de la Gran Comisión en la composición de la nueva Legislatura tiene que ver estrictamente con proyectos políticos de largo aliento.
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La especie no es descabellada, con todo y que la Tanús ha ocupado esa cartera, por lo menos en otras dos ocasiones.
Un detalle que no hay que pasar por alto es que la actual subsecretaria de Enlace Institucional de la Secretaría de Gobernación era la encargada, cuando el titular de la dependencia era López Zavala, de las cuestiones electorales y una de sus principales operadoras en el proceso interno de selección de candidatos del PRI a diputados locales y presidentes municipales.
Por Elisa Batallar / e-consulta El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) este año fue desaprovechado por Puebla, porque los empresarios no ingresaron proyectos para obtener los recursos federales. El delegado federal de la Secretaría de Economía (SE), Miguel Mantilla Martínez dijo que en 2007 hubo un piso de 33 millones de pesos para el fondo Pyme, y sólo fueron aprovechados 11 mdp. Cabe recordar que para lograr los recursos económicos, los interesados deben ingresar sus proyectos, bien fundamentados, para mejorar o echar a andar su negocio. "Este año se nos escaparon oportunidades. No es que se redujera el fondo Pyme, simplemente no hubo proyectos poblanos para alcanzar el fondo", acotó el funcionario. En 2006, el delegado recordó que Puebla ocupó el primer lugar del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), con 83 millones de pesos de recursos federales. Y alrededor de 60 mdp del fondo Pyme. Además fueron desaprovechados los programas del Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), FONAES, "todos quedaron sub utilizados". E hizo hincapié en que no es culpa exclusiva de los empresarios, sino de todos los poblanos "nos falta algo". Advirtió que espera que en 2008, mejore la situación. Por su parte, el vicepresidente del Sector Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jesús Rascón Celma, precisó que la mecánica para obtener los recursos Pyme es compleja porque según reveló, en el pasado se dio el mal manejo de los recursos. "Antes se presentaban los proyectos y como algunos iban a fondo perdido, no se fiscalizaban, entonces había quienes ni siquiera concluían el proyecto. Por lo que la Secretaría de Economía decidió ser más estricta para otorgar el fondo". También indicó que otra limitante es que el empresariado poblano no sabe trabajar en equipo, "nos cuesta trabajo a los poblanos asociarnos y el poder compartir, es parte de nuestra cultura". Acerca de cuántos proyectos se presentaron ante la SE, el empresario dijo que alrededor de 20, contra 100 que presentan ciudades como Nuevo León, Guanajuato o el Estado de México. La cámara empresarial que representa, según refirió, trabaja en coordinación con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y la Universidad Tecnológica de Puebla, para bajar recursos e invertirlos en las empresas. |
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Evidencias de que en una reunión de trabajo se revisaron plazos para que esas firmas participaran además en exploración y mantenimiento
Elizabeth Velasco C.
Ampliar la imagen Plataformas petroleras en la sonda de Campeche, en imagen de archivo Foto: Notimex
Existen evidencias de que Pemex Exploración y Producción (PEP) efectuó en diciembre de 2006 una reunión de trabajo para revisar los plazos en que entregaría a compañías petroleras trasnacionales cinco proyectos de exploración y explotación de campos marinos y terrestres, así como el mantenimiento y la operación de los ductos.
Lo anterior se desprende de la resolución 3909/07 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), emitida por el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, y en la cual PEP admite que, efectivamente, en esa fecha se realizó la reunión denominada Áreas de oportunidades y metas 2007, en la que participaron "diversas personas", pero alega que nada quedó por escrito.
Así se consigna en el recurso, tras el informe entregado al comisionado Guerrero: "La unidad administrativa correspondiente (la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución) indica que no existe ningún documento que se haya generado con el título que señala en su solicitud, el cual coincide con el nombre que se dio a una reunión de trabajo celebrada a fines de 2006, la cual se desarrolló bajo la mecánica de exposición verbal y limitada a cuatro minutos de participación de diversas personas (cuyos nombres y actividad se omiten), y que además no se generó tampoco versión estenográfica".
Ante la evidencia, el comisionado ordena a PEP realizar una búsqueda "exhaustiva" en todas y cada una de sus unidades administrativas de cualquier documento que se haya generado en dicha reunión.
Y no sólo ello, también ordena a la paraestatal que entregue al solicitante cualquier información o documento relacionado con el tema en cuestión.
Por documentos precisa el IFAI se entienden, según la Ley Federal de Transparencia, "expedientes, notas, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, co-rrespondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o actividades de los sujetos obligados (dependencias federales) y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Incluso, los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico".
Guerrero advierte que si de la reunión surgió "versión estenográfica", PEP tendrá que entregar el registro correspondiente.
El comisionado del IFAI destacó que por "ser dicha mesa de trabajo parte del ejercicio de las facultades o actividades de la entidad, y al haber quedado demostrado que efectivamente se llevó a cabo (esa reunión), de acuerdo con lo que el mismo sujeto obligado (PEP) declaró tanto en su respuesta como en el escrito de alegatos que remitió a este instituto", se "procede a revocar la respuesta" y "procede a instruir a la entidad a que realice una búsqueda exhaustiva de cualquier acta, registro, reporte y demás documentos" para su entrega y difusión.
Cabe destacar que las entidades del gobierno federal cada día recurren con mayor frecuencia al expediente de declarar "la inexistencia de la información" para evadir su difusión, como sucedió con la valoración que hizo el presidente Felipe Calderón, "sin documento alguno", según la Presidencia, sobre la supuesta muerte "por gastritis crónica no atendida" de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario.
Por Juan Pablo Proal / e-consulta El gobernador Mario Marín Torres y su esposa Margarita García de Marín tardaron únicamente 16 minutos en renovar sus pasaportes ante la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El tiempo del trámite contrasta con las por lo menos cuatro horas que espera un ciudadano común y corriente para obtener este documento. Acompañado de su cónyuge, el mandatario llegó a las 11 horas con 18 minutos a las instalaciones de la SRE, donde personalmente lo atendió la delegada Alma Patricia Soria Ayuso. El gobernador salió de la oficina de la funcionaria 16 minutos después. Consigo traía un pasaporte con la máxima vigencia: 10 años. El lapso en que el gobernador renovó su documento diplomático resulta nimio en comparación con el caso de la administradora Alejandra Torres, quien acudió a la dependencia desde las 8 de la mañana y aguardó hasta las 2 de la tarde para recoger el pasaporte que le servirá para trabajar durante cinco años en la ciudad de Nueva York. A la mujer le llevó hora y media únicamente el trámite de entregar el papeleo exigido por la dependencia, que incluye una larga lista de documentos, entre ellos identificación oficial, tres fotografías a color, llenar a mano la solicitud de renovación, así como el pasaporte vencido. Como es su costumbre, el mandatario evadió dar explicaciones sobre el trámite que efectuó este día junto con su esposa. La delegada de la SRE admitió que al mandatario se le brindó un trato preferencial debido a "la colaboración" que sostiene el gobierno del estado con la dependencia federal. Soria Ayuso confirmó que durante el lapso en que la familia Marín Torres permaneció en la dependencia les fueron entregados sus respectivos pasaportes con la vigencia de una década. La reposición del pasaporte del titular del Poder Ejecutivo coincide con la solicitud que presentó el 12 de septiembre, de forma extemporánea, ante el Instituto Federal Electoral (IFE) para renovar su credencial para votar. El IFE negó el documento al mandatario debido a la cercanía de las elecciones del 11 de noviembre, aunque el gobernador recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apelando a su derecho de votar. Finalmente, el tribunal aprobó al gobernador sufragar en los comicios locales. Como gobernador, Marín Torres ha hecho uso del pasaporte en por lo menos 15 ocasiones. En sus 35 meses al frente del Poder Ejecutivo de Puebla, el mandatario ha visitado diez destinos del extranjero, algunos de ellos en más de una ocasión. Entre sus visitas destacan los destinos de Los Ángeles, Miami, El Salvador, Panamá, Madrid, Alemania y París. Aunque se ignora con precisión el monto de lo destinado a cada periplo debido a la negativa del gobierno de transparentar sus gastos, el periódico Monitor reportó que tan sólo un viaje del gobernador a Alemania rebasó 120 mil pesos. |
Notitas pre navideñas |
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Javier López Zavala no será reincorporado al gabinete del gobernador Mario Marín Torres, lo que significa que no será nombrado secretario de Desarrollo Social, en sustitución de Alejandro Armenta Mier. Zavalita será el próximo dirigente estatal del tricolor. Su arribo a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI se concretará una vez que Valentín Meneses Rojas sea invitado a integrarse al primer círculo de colaboradores del titular del Poder Ejecutivo en la entidad, lo cual podría ocurrir días antes o días después del tercer informe de gobierno. A López Zavala se le encomendarán las elecciones federales del 2009 y, por supuesto, el proceso de selección de candidatos a diputados federales en los 16 distritos de la entidad. |
¿Incluyendo a los del PAN?
Te digo que cuando son todos… son todos.
Adivina adivinador |
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Aunque la LVII Legislatura aún no entra en funciones y sus 41 diputados ni siquiera han rendido protesta, ya la Secretaría de Finanzas y Administración o algún burócrata de mediano pelo, de esos que nunca faltan y que son felices haciendo llenar a la gente formularios, tablas de objetivos y hojas programáticas, sabe no sólo qué metas alcanzará, sino también cuántos dictámenes de leyes, decretos y acuerdos emitirá, así como cuántos foros de consulta popular llevará a cabo. Sí, se lo juro. Es más, le transcribo lo que —según la Secretaría de Finanzas, en el tomo 1, página 1 de los anexos de la Ley de Egresos del estado— tendrá que realizar el año entrante el Poder Legislativo para justificar el presupuesto de 131 millones 889 mil pesos que se le asignó para el 2008. “Emitir 1,800 dictámenes sobre leyes, decretos y acuerdos, a fin de poder crear y modificar las mismas, en beneficio de la sociedad y el estado”. (sic) “Llevar a cabo 40 foros de consulta popular con la finalidad de obtener la opinión ciudadana sobre los beneficios recibidos en materia legislativa”. (sic) “Formular 200 estudios técnicos, jurídicos y legislativos, para fortalecer la función legislativa”. (resic) “Substanciar 1,650 juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que son promovidos por ciudadanos y diversas autoridades de los distintos niveles de gobierno en contra del Congreso del estado de Puebla, a fin de defender la constitucionalidad y legalidad de los actos emanados del Poder Legislativo local”. (recontrasic) “Realizar 400 reuniones de comisiones y comités para conjugar los resultados, evaluarlos y en su caso, proceder a la elaboración de leyes”. (archirrecontrasic) ¿Cómo la Secretaría de Finanzas puede saber (o es que acaso es un cálculo) lo que hará la entrante Legislatura local? ¿Qué burócrata de esa dependencia tiene bola de cristal o poderes de adivino o clarividente para conocer no sólo cuántas leyes aprobará la LVII Legislatura, sino para saber cuántas de esas leyes y decretos serán objeto de juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad? ¿Qué tan certeras pueden ser sus metas, cuando ni siquiera se sabe quién será el presidente de la Gran Comisión y cómo y quiénes se integrarán las principales comisiones de la próxima legislatura? ¿Es así como se programa el presupuesto del gobierno, dependencia por dependencia y entidad por entidad? ¿Qué va a pasar si el Congreso del estado no cumple en 2008 con las metas que alguien le fijó, en abierta flagrancia a la división de poderes y en clara violación a la autonomía del Poder Legislativo? ¿O es que acaso los anexos programáticos del Poder Legislativo y de los otros dos poderes son pura vacilada, como eso del gobierno de nueva generación?
¿De cuánto fue el cheque que el gobernador Mario Marín entregó a los diputados de la LVI Legislatura? Una aclaración. Dicho cheque es independiente del aguinaldo y bono de retiro que ayer cobraron los diputados de la legislatura local saliente. -¿De 150 mil pesos? -¿De 200 mil pesos? -¿De 250 mil pesos? Una aclaración más: Todos los diputados lo recibieron. Y cuando digo todos son todos. |
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Comentarios a los correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com |
De los 41 legisladores, sólo 16 se llevarán 72 mil pesos adicionales, lo cual es producto de su participación en la caja de ahorro del parlamento
Paulo Yolatl
Foto Rafael Durán
Intolerancia
Los diputados locales recibieron 90 mil pesos de aguinaldo, pero no obtendrán un bono de retiro, así lo informó la presidenta del Comité de Administración del Congreso del estado de Puebla, María Sánchez Valencia.
De los 41 legisladores, sólo 16 se llevarán 72 mil pesos adicionales, lo cual es producto de su participación en la caja de ahorro del parlamento.
Los legisladores se llevarán a la bolsa en esta temporada decembrina un total de 180 mil pesos desglosados en: aguinaldo (90 mil pesos), dieta de diciembre (60 mil pesos) y dieta de los quince días de enero de 2008 (30 mil pesos).
De acuerdo con la diputada, la dirección administrativa erogará 10 millones de pesos por concepto de aguinaldo y sueldo para 117 trabajadores administrativos y los 41 diputados que forman parte de la LVI legislatura local.
Desde luego los panistas Víctor León Castañeda, Jorge Gutiérrez Ramos y Miguel Cázares García, se reincorporaron recientemente a la legislatura una vez que participaron en el pasado proceso electoral y no lograron ganar.
Estos legisladores regresaron por sus aguinaldos, aunque recibirán en promedio 150 mil pesos, correspondientes a su dieta y una parte proporcional del aguinaldo, pues hay que destacar que se apartaron del parlamento para buscar un nuevo cargo de representación popular.
Algunos trabajadores administrativos de primer nivel también resultaron beneficiados, pues de acuerdo a la página de transparencia del Congreso del estado, hay dos empleados que ganan mensualmente más que un diputado.
Ellos son Jorge Mora Acevedo, secretario general, quien se lleva a la bolsa cada mes un total de 73 mil 989 pesos y Alfonso Abascal Serrano, director general, quien gana 60 mil 760 pesos.
Los diputados justifican sus 3 años de dieta legislativa
Como toda obra humana es imperfecta, cada uno entregó su mejor esfuerzo: Pericles Olivares
Paulo Yolatl
Foto Rafael Durán
Intolerancia
Durante la última sesión ordinaria de la legislatura local, los representantes de las diversas fracciones parlamentarias aprovecharon el tiempo para atacarse, reconocer sus errores, los avances legislativos y, desde luego, se llenaron de nostalgia.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Pericles Olivares Flores, destacó, principalmente, los avances alcanzados en la LVI legislatura.
“Como toda obra humana es imperfecta, cada uno entregó su mejor esfuerzo, corresponde a la próxima legislatura continuar la tarea legislativa, que es un proceso que no se agota en tres años. A todos mis compañeros, de todos los partidos consta, que en esta legislatura trabajamos de buena fe”, puntualizó.
El que también habló fue el coordinador de la bancada del PAN, Eliseo Lezama Prieto, quien puntualizó lo bueno y lo malo del parlamento, así como los pendientes que se heredarán a la próxima legislatura.
Los diputados Rodolfo Huerta Espinosa, Héctor Alonso Granados, Leticia Jasso Valencia, Mariano Hernández Reyes, Claudia Hernández Medina, Víctor León Castañeda y Raymundo García García, también usaron la tribuna para expresar su nostalgia.
El diputado del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, no dudó en declarar públicamente que hizo un buen trabajo y también denunció que durante su gestión como legislador fue obstaculizado por los medios de comunicación.
Los electos
En esta sesión fueron electos los diputados integrantes de la Comisión Permanente que estará en funciones del 16 de diciembre de 2007 al 14 de enero de 2008.
Los elegidos son: Blanca Estela Jiménez Hernández, presidenta; Maricela González Juárez, secretaria; y como vocales Edith Cid Palacios, María Isabel Merlo Talavera, María Sánchez Valencia, María Belén Chávez Alvarado, Miguel Ángel Ceballos López, Juan Aguilar Hernández y Miguel Cázares García.
De igual forma, fueron electos como integrantes de la Comisión Instaladora: Pericles Olivares Flores, presidente; Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Rodolfo Huerta Espinosa, secretarios, y Juan Aguilar Hernández y Mariano Hernández Reyes, suplentes.
La Comisión Instaladora tendrá la responsabilidad de convocar a los diputados electos a reunión previa para que elijan a los miembros de la primera mesa directiva, revisar las constancias de mayoría y representación proporcional de los diputados electos enviadas por el Instituto Electoral del Estado (IEE).
En esta última reunión ordinaria se aprobó por unanimidad la modificación a diversas disposiciones de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, por la que se crea la licencia- tarjetón para identificación de los operadores de transporte público y mercantil, entre otras reformas.
Proponen convertir a la Comisión de Arbitraje Médico en órgano autónomo
Por Juan Pablo Proal / e-consulta
La Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Cesamed) pedirá su autonomía respecto del gobierno del estado y anexará a su nombre el título de “Conciliación”, modificación que tiene por objeto reforzar la mediación entre los profesionales de la medicina y sus pacientes, y disminuir los juicios por negligencia médica.
Marco Antonio Casas Arellano, titular de la Cesamed, apunta que en la sociedad existe desinformación entre la relación médico y convaleciente, razón por la cual a cualquier fenómeno de discordancia se le atribuye el título erróneo de “negligencia”.
Este dato puede apreciarse en las estadísticas de quejas que este año ha recibido la Comisión. Con cierre a noviembre pasado, ciudadanos inconformes interpusieron 673 solicitudes de intervención ante la Cesamed.
De este número, 346 llegaron a un acuerdo entre las partes en conflicto sin acumular expediente, 327 fueron analizadas a cabalidad, 3 pasaron a la fase de laudo médico y sólo una encontró culpable al profesionista.
En conjunto, estas cifras quieren decir que sólo el 0.1 por ciento de los presuntos casos de negligencia médica conllevan el dolo del galeno.
En entrevista, Casas Arellano sostiene la teoría de que los errores de comunicación entre los profesionales de la medicina y sus pacientes provocan desencuentros jurídicos entre ambas partes, que generalmente derivan en largos procesos carentes de sustento legal.
La culpa de los doctores –apunta– radica en generar “falsas expectativas” sobre la salud de sus convalecientes. Al tiempo, la responsabilidad de éstos últimos es ignorar el contenido de la “Carta de los Derechos Generales de los Pacientes”, suscritos en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
Los diez derechos registrados en dicho documento son: “recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendido cuando se informe por la atención médica recibida”.
Aunque en el gobierno estatal no existen estadísticas fidedignas sobre la relación de casos de negligencia médica, el funcionario estima que menos del 3 por ciento de las quejas presentadas conllevan algún tipo de irresponsabilidad del doctor.
En contraste, explica que el 97 por ciento de los galenos actúan “de buena fe” y si llegan a cometer yerros son propios de la profesión.
Los dos tipos más comunes de negligencia son: usurpación de funciones (cuando un médico ejerce una especialidad ajena a sus conocimientos) e impericia (abandonar una operación o dejarla en manos de un inexperto).
El director de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico señala que, por parte de los pacientes, además de la falta de información sobre sus derechos, comúnmente omiten recurrir a una instancia conciliatoria, o, en su defecto, acuden directamente al ámbito jurídico, estrategia que echa abajo cualquier posibilidad de conciliación.
El ejemplo más inmediato es la muerte de la señora Fabiola Ruiz Castillo, quien falleció en el Hospital de la Mujer en junio del año pasado como consecuencia de una intervención médica de parto. Sus familiares interpusieron una demanda penal contra el director del nosocomio, José Armando Cáceres, razón por la cual la Cesamed quedó desplazada en este caso.
A continuación se ofrecen algunas estadísticas que ilustran los casos más comunes de las quejas presentadas, así como la relación con los recursos interpuestos ante instituciones públicas y privadas. La información fue brindada por el organismo y corresponde al año en curso.
Aplica médico de la Beneficencia Española prótesis no autorizada
Por Juan Pablo Proal / E-consulta
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó que la Secretaría de Salud federal jamás emitió la aprobación para colocar prótesis del tipo PDN a la empresa Raymédica.
Esta información corroboraría que el médico Carlos Ricardo Rueda Alvarado aplicó un aparato artificial sin certificación al ciclista de montaña Guillermo Michel Guzmán, quien quedó dañado irreparablemente.
En el oficio CAS/1/OR/2007 de la Dirección General de Tecnología de la Información, la Cofepris revela que “no se encontró registro sanitario alguno que se haya emitido ni para la empresa, ni para el producto citado en los años 1997 y 1998”.
Por si fuera poco, este dispositivo está sujeto a investigación por la ley federal de los Estados Unidos.
La documentación de la Comisión va en sentido contrario del dicho del doctor Rueda Alvarado, quien para defenderse de la denuncia interpuesta por el convaleciente (inscrita en el folio 2304/2002/SUR/DMS-V) argumentó que la prótesis aplicada a Michel Guzmán le fue aprobada en 1997.
El caso de Michel Guzmán se remonta a 2002. El entonces ciclista de montaña sufrió un leve dolor en la espalda. Visitó al doctor Rueda Alvarado, quien le recomendó operación inmediata. El médico le aplicó un prótesis que meses después fue rechazada por el cuerpo del deportista. A raíz de la intervención, el convaleciente ha permanecido en silla de ruedas desde ese año, con intensos y periódicos dolores.
La operación costó 200 mil pesos y fue aplicada en las instalaciones de la Beneficencia Española en Puebla.
El 5 de septiembre de 2006 el doctor José Luis Cuamatzi Cortés, del Departamento de Imagenología del Hospital Betania, encontró, por medio de un estudio, una serie de daños en los discos de la columna dorsal, hernias y quistes hepáticos. Con este panorama, existe riesgo de que el ciclista no vuelva a caminar.
A raíz de estas inconsistencias el paciente interpuso la denuncia 2304/2002/DMS-V ante la Procuraduría General de Justicia. Después de 22 meses, el recurso continúa siendo analizado por las autoridades.