Status / Pilar Pineda
A cuatro días de la jornada electoral, y a uno para realizar proselitismo según lo establece el Código vigente en la entidad, el Partido Acción Nacional encabezó una cascada de denuncias contra funcionarios y candidatos priístas por presuntos delitos electorales.
El secretario estatal de ese partido, Marcos Castro Martínez, acompañó a tres de sus candidatos a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para ratificar y presentar nuevas querellas.
En este orden de ideas, Cecilia Espino fue quien denunció la entrega de dádivas en el distrito tres de parte de funcionarios municipales y estatales para captar el voto a favor de la candidata al gobierno capitalino de la coalición PRI-Verde Ecologista, Blanca Alcalá Ruiz.
La querella incluyó fotografías en las que observa a personas con camisetas que llevaban publicidad a favor de Alcalá y quienes se dedicaron a repartir despensas a cambio de la credencial de elector de los beneficiados.
En cuanto a la ratificación el turno fue del candidato al gobierno municipal en Tehuacán, Sergio Gómez Olivier, contra el coordinador estatal del voto tricolor, Javier López Zavala por difamación y calumnias.
Al mostrar recortes periodísticos, explicó que el también candidato plurinominal al poder legislativo dañó su integridad moral al insinuar ante medios de comunicación y en mítines que el de la voz es adicto a las drogas.
"Lo cual compruebo que no haciéndome test de antidoping. Pruebas donde se buscan las principales drogas de mayor consumo las cuales demuestro que no consumo, que nunca he sido adicto, no soy adicto a ningún tipo de drogas por el contrario soy una persona deportista".
En la visita a la fiscalía también estuvo Miguel González Ronquillo para denostar al ex Secretario de Gobernación en los mismos términos.
"Estamos en desacuerdo con Javier López Zavala porque declaró que yo estuve preso cuando fui alcalde por malos manejos de recursos públicos pero quiero aclarar que fui preso político y que la Secretaría de Gobernación me obligó a regresarle al PRI la presidencia municipal de Tetela así como de otros municipios prueba de eso es que su servidor salió de la cárcel al otro día de las elecciones y nada más diciéndome Miguel disculpa".
Luego de presentar las quejas, el secretario del comité estatal del blanquiazul negó que le apuesten a la judicialización del proceso para ganarlo en la mesa y no en las urnas ya que sólo hacen uso de los recursos legales para buscar una contienda equitativa.
Por ello advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias para lograr que a los funcionarios y candidatos priístas se les aplique una sanción "conforme a derecho".
Más tarde con pruebas audiovisuales, como videos, fotografías y el audio de una llamada telefónica, la bancada panista de diputados en el Congreso del Estado, encabezados por su coordinador Eliseo Lezama Prieto, se sumó a la ola de denuncias que su partido en la recta final de la contienda electoral.
Los casos que documentaron los legisladores sobre el "operativo tinaco" y el desvío de recursos de programas de la Secretaria de Desarrollo Social tuvieron lugar en Soltepec, Teopatlaxco y Teopatlán.
Detallaron que esas demarcaciones el funcionamiento del programa "Unidos para Progresar" fue irregular ya que "dicho programa no transparentó las reglas de operación, sus responsables y los lugares en donde operan, así como los requisitos para acceder a los mismos; además al entregar los apoyos se realizaron eventos para proyectar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional por parte de funcionarios públicos, lo que junto con otros hechos hace ver que en Puebla, el gobierno del estado está utilizando su infraestructura para beneficiar a su partido, afirmó Lezama Prieto.
Al calificar como "muy grave" la situación, los representantes populares solicitaron una auditoría al gobierno estatal a través del Órgano de Fiscalización Superior (ORFISE) y la intervención y seguimiento de la comisión que se aprobó en la Cámara de Senadores para vigilar los comicios poblanos.
Por otra parte cabe señalar que ayer mismo en respuesta a la denuncia del dirigente estatal panista, Rafael Micalco, sobre omisiones en el Código Electoral referente al procedimiento para abrir paquete electorales el día de la jornada que se detalla en el artículo 312, el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) Jorge Sánchez Morales refirió que hace más de dos meses el tema fue tratado en sesión general del Consejo y corregido con el retiro de tres mil ejemplares defectuosos.
En este orden de ideas, Sánchez dejó en evidencia que la dirigencia estatal del albiazul y su representante electoral no tienen ninguna comunicación.
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