Aun cuando el PRI atrasó deliberadamente su convocatoria para elegir candidato a la presidencia municipal de Puebla, con el propósito de conocer primero quién sería el abanderado del PAN, hoy que con toda claridad se sabe que será Antonio Sánchez Díaz de Rivera, el nombre del “tapado” priísta sigue siendo un misterio, un enigma difícil de resolver.
Y la razón estriba en el factor “Z”, es decir, en Javier López Zavala y sus impulsores, que aún que no están seguros de la conveniencia de su nominación, pese a que las variables que la condicionaban se han venido cumpliendo una a una.
En efecto, la candidatura del secretario de Gobernación del estado a la presidencia municipal de Puebla estaba sujeta, digámoslo de manera amable, a tres premisas básicas: una, que el candidato del PAN fuera Antonio Sánchez Díaz de Rivera y no Ana Teresa Aranda Orozco; dos, que en la contienda electoral participara al menos un candidato que le restara votos al PAN y, tres, que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fuera adversa al gobernador Mario Marín Torres.
Ayer se concretó la primera condición. En la convención municipal del PAN, el diputado federal Antonio Sánchez venció, por 183 votos de diferencia, a la señora Ana Teresa Aranda, quien, disciplinada, ofreció apoyar a su partido y al nuevo candidato en la elección constitucional.
La segunda condición es también una realidad. El registro del ex presidente municipal panista Gabriel Hinojosa Rivero como candidato del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, es un hecho que le quitará votos al PAN. Y eso hasta el mismo Antonio Sánchez lo ha reconocido.
Otro personaje que también podría sumarse a esta estrategia e incluso provocar que el llamado voto anti PRI no lo capitalice al 100 por ciento el PAN, es el ex futbolista Roberto Ruiz Esparza, quien, con la bendición de Casa Puebla, podría salir como candidato del Partido Nueva Alianza o de una coalición del PANAL con el PRI.
Un factor adicional a favor de López Zavala y en perjuicio de Ruiz Esparza, es el cambio de discurso del actual alcalde capitalino Enrique Doger Guerrero, quien dejó de ser un acérrimo crítico del secretario de Gobernación para convertirse en uno de sus porristas dentro del PRI.
La única variable fuera de control y que tiene a López Zavala y a sus promotores en ascuas es la resolución de la Suprema Corte, sobre todo después de la segunda investigación a cargo del ministro Juan Silva Meza en la que el secretario de Gobernación, junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo, figuran como parte de una confabulación para detener y encarcelar a la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Si el dictamen del ministro Juan Silva no hubiera implicado a López Zavala, jure que hoy no existiría ninguna duda sobre quién sería el candidato del PRI, después de la elección de Antonio Sánchez como el abanderado del PAN a la presidencia municipal de Puebla.
En las actuales condiciones, no es fácil hacer pronóstico en torno al PRI y a su futuro candidato, si el secretario de Gobernación se descarta o lo descartan por las razones arriba mencionadas.
Personalmente, creo que la balanza del tricolor podría inclinarse, en caso de que López Zavala no sea candidato, a favor de Blanca Alcalá Ruiz y Víctor Gabriel Chedraui, y quizás un poco más hacia la primera y no sólo por su condición de mujer para replicar en Puebla la experiencia de Yucatán con Ivonne Ortega Pacheco, sino por su perfil que combina aspectos que muy pocos aspirantes podrían presumir: juventud, militancia partidista, experiencia en la administración pública, honestidad en el ejercicio de gobierno, capacidad en los cargos desempeñados y oficio político, más allá de políticos y gobernadores con los cuales ha trabajado.
EN CORTO
Esta semana se sabrá el nombre de la compañía ganadora de la licitación convocada por el ayuntamiento de Puebla para instalar, en una primera etapa, 400 parquímetros o estacionómetros en algunas calles y avenidas de la capital del estado, como el Centro Histórico, la Avenida Juárez, la 25 Oriente-Poniente y la 31 Oriente-Poniente.
La polémica concesión no deja de llamar la atención por varias cuestiones, a saber: la premura y opacidad con que las autoridades municipales han manejado el tema; que se trate de una concesión a 15 años, que aún no es aprobada por el Congreso del estado; el empeño de la Sindicatura porque los propietarios de estacionamientos se ajusten a las nuevas tarifas, que éstos no quieren aplicar por ser elevadas; las versiones de que la concesión tiene un claro destinatario en la empresa Copensa; los rumores de que el regidor Ernesto Lara Said no es ajeno a este millonario negocio, y la especie de que el ayuntamiento pretende cobrar a ocho pesos la hora en las calles donde se instalen parquímetros, lo cual constituye un auténtico robo. ***** Y hasta la próxima.
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