Historia de impunidad con Zavala en la SEGOB

La Herencia de Zavala en la SEGOB

La telaraña de la Corrupción con "pelos y señales"

Alma Helena Llorante // Investigación Especial

Presentamos a ustedes una serie de información pública (que puede ser comprobada) por medio de la cual se demuestra la impunidad con la cual Javier López Zavala manejó las finanzas públicas. Permitiendo aviadores en la Secretaría de Gobernación, sin que la SEDECAP o el ORFISE hubieran actuado en su contra.

José Sergio Taylor Téllez.- Pastor cristiano. Encargado de la relación del proyecto "Z" con los grupos cristianos. Enlace "delegado Z" para los asuntos económicos manejados por sus primos: David y Juan Taylor Torres. Expediente 76627 Clave H0006 (Honorarios) con la función de "Analista". Sueldo mensual total integrado de $ 9,698.00 asignado presupuestalmente a la Dirección General Administrativa (DGA).

Sergio, primo de David y Juan (ambos de apellidos Taylor Torres) funge como enlace para los negocios y financiamiento al proyecto Z, que es triangulado por diversas empresas propiedad de David y Juan, así como el otorgamiento de obra pública en municipios.

David Taylor es el representante legal de la empresa denominada Constructora e Inmobiliaria DAP SA de CV, que fue la responsable de más de treinta muertes en el derrumbe de Eloxochitlán.

Los Taylor Torres se beneficiaron cuando Melquiades Morales adjudicó de manera directa el tramo de la carretera donde se registró el derrumbe.

La mayor irregularidad en la obra fue que el corte de los cerros no se hizo en forma de talud para evitar un desgajamiento, sino de manera vertical pese a estar en zona de alta inestabilidad geológica. Además existe evidencia de que la construcción del tramo no contó con el estudio de factibilidad correspondiente.

David Taylor Torres, el constructor consentido del gobernador de Tlaxcala Héctor Ortiz Ortiz, es el responsable de la tragedia en Eloxochitlán —en la que fallecieron sepultadas al menos 32 personas— una vez que fue su constructora, denominada Constructora e Inmobiliaria DAP SA de CV, fue la encargada de la ejecución del tramo Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz.

El exgobernador Melquiades Morales Flores le adjudicó de manera directa, es decir sin licitar, la construcción de 22 kilómetros de la carretera de la muerte por un monto de 145 millones de pesos. Es decir, el exmandatario poblano le pagó a Taylor Torres 6 millones 600 mil pesos por kilómetro. Cantidad muy superior a los costos de otras carreteras del Estado y del País. No obstante que pagó el gobierno una carretera cara, esta no fue construida adecuadamente y para reducir costos e inversión de la empresa, maximizando utilidades no se realizaron los cortes de cerros adecuadamente, lo que propició el desgajamiento y cobrando la vida a 32 humildes inocentes. Víctimas de la corrupción y el descaro.

Documentos en poder de Cambio evidencian que la mayor irregularidad de la construcción fue que el corte de los cerros no se hizo en forma de talud —trazando una diagonal que crea un soporte de suelo— para evitar un desgajamiento, y es que el corte que se hizo en esta zona de alta inestabilidad geológica se llevó a cabo de manera vertical, principal factor que propició que el deslave sepultara —el pasado 4 de julio— a las 32 personas que viajaban en el camión de la ruta Tehuacán-Tlacotepec de Porfirio Díaz.

Más aún, existe evidencia fehaciente de que la construcción del tramo referido no contó con el estudio de factibilidad correspondiente. Por si fuera poco, las autoridades estatales reconocieron recientemente que la constructora DAP dejó inconclusos los trabajos.

Una vez que dejó incompleta la carretera de la muerte, Taylor Torres emigró del estado y hasta hoy no ha sido beneficiado con proyectos en el sexenio marinista, según el compendio de obra pública entregada por la Secretaría de Obras Públicas entre 2005 y 2007, en el que su empresa, DAP Constructores, simplemente no aparece en el registro.

El periódico El Universal publicó una semana después de la tragedia que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) advirtió en 2005 al gobierno de Mario Marín que la carretera fue mal trazada, deficientemente planeada y que desde sus inicios, en 2002, presentó problemas de deslaves y derrumbes, retrasos y cancelaciones.

Aunque las observaciones hechas por la Federación a la administración estatal corresponden al tramo entre Chichicapa-Alcomunga, en rueda de prensa Rómulo Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes, aceptó que en toda la carretera se registran problemas de tramos sumidos, construcción sobre fallas geológicas y peligro de otro desgajamiento de un cerro de la zona.

Una de las conclusiones más preocupantes de la ASF fue que hubo "una deficiente planeación… al no considerar las características ambientales, climáticas y geográficas de la región, donde se realizó la obra", además acusaron que la supervisión en el desarrollo de los trabajos no fue la óptima.

En su intento de deslinde, la administración marinista señaló que fue precisamente DAP la encargada de la construcción del tramo Eloxochitlán-El Tepeyac donde se registró el deslave, asimismo se manifestó que tanto esta constructora como ANES, dejaron inconclusa la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, razón por la cual, fue en el sexenio actual que se dio fin a los trabajos de esta obra.

La revisión de la Cuenta Pública 2004 del gobierno de Puebla, el auditor especial de la ASF, Víctor Manuel Portal, recomendó aplicar "sanciones administrativas" a dos funcionarios del gobierno poblano que tuvieron a su cargo esa obra: José Rogelio Vergara, director de Infraestructura de la SCT estatal en el gobierno de Melquiades Morales, y Vicente Lozano Martínez, residente de Construcción, de la misma dependencia.

David Taylor y los antecedentes de DAP

Fuentes del gobierno de Tlaxcala revelaron al periódico Cambio que la relación de David Taylor y su constructora DAP con la administración de Héctor Ortiz Ortiz se da a través de Víctor Cánovas, coordinador de asesores del gobierno tlaxcalteca y funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Puebla durante el sexenio de Melquiades Morales.

De hecho, Taylor y Cánovas acostumbran reuniones de negocios todos los jueves en el Centro Mexicano Libanés y departen con otro amigo cercano de ambos, Juan Nakad, involucrado en el escándalo Marín-Cacho, al ser incondicional del textilero Kamel Nacif Borge.

Pero las irregularidades de las construcciones de DAP datan más atrás en el sexenio melquiadista. El periódico local La Jornada de Oriente documentó en 2002 que a pesar de los retrasos en la culminación de sus trabajos, DAP fue favorecida con la adjudicación de otras obras.

Dicho rotativo publicó una entrevista con el entonces titular de la SCT, Arturo Achard Velázquez, en la que reconoció que se le adjudicó la construcción de la carretera Chiautla de Tapia-Huehuetlán el Chico, a la Constructora e Inmobiliaria DAP SA de CV, a pesar de que se tenían dudas sobre su cumplimiento en trabajos anteriores.

La Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) le hizo en esa época observaciones a DAP relacionadas con pendientes en la culminación de otras obras. Entre éstas destacan los retrasos en la construcción de la carretera México-Tuxpan.

La Jornada de Oriente también dio cuenta de atrasos de DAP en otras construcciones como el tramo Puebla-Amozoc, de la vía federal Puebla-Tehuacán, obra que fue valuada en 29 millones de pesos.

La historia negra del negro Juan Taylor.

Las argucias legaloides del abogado Juan Taylor Torres, hermano de David y padre de Juan Taylor Morales, han servido para que la empresa constructora eluda todo tipo de responsabilidad, complicidad que es avalada por el subsecretario de la SEDECAP, Alberto Jiménez Arroyo (hijo de don Alberto Jiménez Morales) ligados ampliamente con el Piñaolayismo y del que se desprenden los negocios con Kamel Nacif Borge.

Juan Taylor Morales, hijo de Juan Taylor Torres, es el Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula y es el responsable de la mala calidad de la millonaria inversión realizada en las céntricas calles de la ciudad. Del atraso y de otras graves deficiencias en la colocación del adoquín en banquetas, en donde decenas de mujeres han caído al suelo y se han lastimado. Además de otras deficiencias de compactación que puede dar origen a hundimientos.

El gobierno municipal de San Pedro Cholula, que encabeza Juan Pablo Jiménez Concha, ha promovido a Juan Taylor Morales como su contacto con el proyecto Z a fin de financiarse las actividades de dicho proyecto. Esto se explica con la designación de Juan Taylor Torres como candidato a Síndico Municipal en la planilla que encabeza la coalición PRI-PVEM en San Pedro Cholula con el compadre de Juan Pablo a la cabeza, Francisco Covarrubias Pérez, hijo del expresidente municipal Francisco Covarrubias Salvatori y quien fungió como Director del SOAPACH antes de ser designado candidato.

Así mismo, Juan Taylor Torres, se ha visto involucrado (como representante legal) en varios fallecimientos de trabajadores y colaboradores de campañas políticas, resultando airoso de dichos cargos, toda vez, que se han comprobado "accidentes". Sin embargo, estas muertes, van de la mano con las deficientes medidas de seguridad con la que operan sus empresas o asuntos públicos. Como la de utilizar camionetas para el transporte de personas, que violando la ley, han propiciado accidentes fatales para sus ocupantes.

Juan Taylor Torres, se encuentra involucrado como "asesor" operativo de la corrección de irregularidades de la cuenta pública de Francisco Castillo Castillo (también expresidente municipal de San Pedro Cholula) y que ahora hace mancuerna con Taylor Torres, como candidato a Regidor. A su vez, el candidato a Presidente Municipal Francisco Covarrubias Pérez fue regidor en la administración de Castillo. El grupo político conformado por Castillo-Taylor-Covarrubias tiene un catalizador en el grupo hegemónico que ha manipulado la vida cholulteca por más de 70 años, las familias Jiménez-Blanca.

La relación de negocios de Castillo-Taylor-Covarrubias con el proyecto Z, se ha consolidado gracias a que Juan Pablo Jiménez Concha, utilizó a su compadre Francisco Covarrubias Pérez para negociar los terrenos agrícolas de Juan C. Bonilla y venderlos a precios elevados al H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, para construir en ese lugar, la Universidad Politécnica. Estas negociaciones involucraron a Iván Mangue (Candidato a Diputado Local Suplente en Atlixco) ex aspirante a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula y principal inversionista del Grupo SHIVA, empresa en la que participa Santiago Bárcena, promotor y patrocinador del Proyecto Z y padre de Santiago Barcena Álvarez del secretario particular de Javier López Zavala.

En el caso de Santiago Barcena Álvarez, (Santi) estuvo involucrado (presente) la noche que fue asesinado el Valet Parking en la Isla de Angelópolis, en virtud de que el asesino confeso y procesado, Humberto Alan Ibarra Meza, era uno de los principales amigos de parranda del Santi. Sin embargo fue exonerado, en virtud de que dicha presencia no se relacionó con el artero asesinato. Sin embargo, fuentes confiables, afirman que momentos antes de que se cometiera el asesinato, Santí y el asesino, se encontraban libando en compañía con el Director de Seguridad Vial del Estado, Jesús Morales Rodríguez comprobándose que el arma utilizada en dicho asesinato estaba bajo su resguardo.

Los favores de Zavala con el accionista del grupo SHIVA.

Zavala paga los favores a uno de los accionistas principales de grupo Shiva, mediante el arrendamiento millonario de locales y oficinas en el Edificio Diana, en donde se han instalado un juzgado del registro civil y la Comisión para la Atención del Migrante Poblano, propiedad desde luego, de Santiago Bárcena. También comprando terrenos al triple o quíntuple de su precio a la inmobiliaria de Iván Mangue y accionista se SHIVA dinero pagado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula por conducto de Juan Pablo Jiménez Concha. Como lo fue, la millonaria deuda contraída para la adquisición de terrenos en Juan C. Bonilla y donados a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado.

Esto parece novela, pero por desgracia es real.

Continuará