El fraude millonario de seguros en el magisterio estatal se extiende a la SEP
Por Ignacio Juárez Galindo / e-consulta
El seguro institucional que la Secretaría de Educación Pública del estado contrató para más de 25 mil docentes de la entidad también presenta irregularidades en su operación, pues el padrón de asegurados está rasurado, y los trabajadores de la educación fueron inscritos con salarios menores a los que en realidad perciben.
Así consta en documentos y expedientes de las empresas Seguros Inbursa y Banorte Generali, entregados a familiares de profesores fallecidos e inconformes por las primas que están recibiendo por la muerte de sus deudos.
Las irregularidades de los seguros contratados por SEP son casi las mismas que tienen las pólizas de seguro adquiridas por la actual dirigencia de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), denunciadas ayer en este mismo espacio por familiares de profesores que perdieron la vida en 2005 y 2006.
Entre los maestros que fueron rasurados del padrón de beneficiarios de la SEP se encuentra Isidoro Isaac Martínez Salinas, cuñado de Gustavo Espinosa Vázquez, secretario general de la sección 51 del SNTE. Hasta la fecha, los familiares no han podido cobrar la indemnización del seguro contratado por el gobierno del estado.
En septiembre de 2006, Darío Carmona García, titular de la SEP estatal, decidió rescindir a Inbursa un contrato de seguros de vida en favor de más de 25 mil pesos, para asignarlo a Banorte Generali, compañía que también vendió un seguro similar a la sección 51.
Curiosamente, el agente que vendió el seguro a la SEP es el mismo que gestionó el contrato con la Sección 51.
Sospechas de fraude
El seguro institucional fue otorgado por la SEP estatal como parte de las negociaciones con el SNTE 51 y comenzó a operar desde hace varios años. Dicha prestación incluye el pago de 40 meses de sueldo base (denominado Concepto 07) por fallecimiento; 50% de anticipo ante enfermedad terminal; 30% de anticipo por gastos funerarios y cobertura en licencias de trabajo por prescripción médica.
Dicho contrato fue asignado a Aseguradora Hidalgo hasta el 31 de enero de 2006 y, posteriormente, se le otorgó a Seguros Inbursa. Aunque la prima cubría el periodo del 1 de febrero de 2006 al 1 de febrero de 2007, la dependencia lo finiquitó el 31 de agosto de 2006.
Fue en septiembre del 2006 cuando Darío Carmona autorizó entregar el contrato por un año a Banorte Generali, mediante la póliza 574501 y gracias a la gestión del agente Fabricio Barrera. El nuevo Seguro Institucional contratado amplió a 45.8 meses de sueldo la indemnización por fallecimiento, pero el beneficio nunca fue promocionado o difundido entre los beneficiarios.
La evidencia
El caso más extraordinario sobre los problemas en la operación del seguro de vida ocurrió con el cuñado de Gustavo Espinosa, Isidoro Isaac Martínez, quien falleció el 25 de diciembre de 2006 a causa de una enfermedad terminal.
No obstante, antes de perder la vida, el hoy finado acudió a seguros Inbursa para exigir el cobro del anticipo del 50% por enfermedad terminal, pero fue notificado, a través de un oficio fechado el 6 de noviembre de 2006, que no estaba asegurado. Ese documento fue girado también al gobierno del estado, específicamente a la SEP.
“Hacemos referencia a la reclamación presentada por usted, al efecto nos permitimos comunicarle que se ha considerado improcedente el pago de la Suma Asegurada del Beneficio Adicional por Enfermedad Terminal del Sr. Isidoro Isaac Martínez Salinas, ya que en la información proporcionada a nuestra Gerencia de Contratación Grupo y Colectivo Vida, en la emisión de la póliza del 1 de febrero de 2006 al 1 de febrero de 2007, no se encontró Asegurado el Sr. Isidoro Isaac Martínez Salinas”, asienta el oficio.
Otro caso fue la profesora de educación preescolar Luiyi Olaya Coeto, quien falleció a finales del 2006. En un principio, los familiares acudieron a Seguros Inbursa para exigir el pago de indemnización, pero fueron informados sobre la cancelación de contrato y los canalizaron a la empresa Banorte Generali.
Al llegar a la nueva compañía, los familiares de la profesora se enteraron que pese a que Luiyi Olaya devengaba un salario mensual de 4 mil 769.60 pesos, en la base de datos de Banorte Generali aparecía con una cotización de 4 mil 281 pesos. (Documento 3 y documento 4)
En un principio, los familiares recibieron una propuesta de finiquito por 196 mil 76 pesos, que equivalía a 45.8 meses de salario y una cotización de 4 mil 281, cuando en realidad le correspondía un monto de 218 mil 447 pesos. La oferta fue rechazada y los parientes exigieron el pago completo, por lo que tuvieron que promover una modificación y exigir el pago de la diferencia que ascendía a 22 mil 371 pesos.
Otro caso similar ocurrió con Mario Carpinteyro Argüelles, profesor de telesecundaria y que falleció el 26 de diciembre de 2006. En sus talones de pago emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, el docente tenía un pago de 16 mil 271 pesos, pero ante la aseguradora la SEP estatal reportó un salario de 14 mil 605 pesos. Esta modificación salarial implicó que el maestro dejara de percibir 76 mil 322 pesos. (Documento 6 y documento 7)
Ante esa situación, los familiares acudieron a Seguros Inbursa, pero allí se les explicó que el contrato había sido rescindido, por lo que los enviaron a Banorte Generali, en donde les ofrecieron un pago de 668 mil 918, cuando lo que realmente les correspondían 745 mil 241 pesos. Al final tuvieron que solicitar una modificación del salario para acceder al pago total.
En todos los casos, Fabricio Barrera fue el responsable de ingresar a la base de datos de Banorte Generali el monto salarial de cada docente.
Por Ignacio Juárez Galindo / e-consulta
El seguro institucional que la Secretaría de Educación Pública del estado contrató para más de 25 mil docentes de la entidad también presenta irregularidades en su operación, pues el padrón de asegurados está rasurado, y los trabajadores de la educación fueron inscritos con salarios menores a los que en realidad perciben.
Así consta en documentos y expedientes de las empresas Seguros Inbursa y Banorte Generali, entregados a familiares de profesores fallecidos e inconformes por las primas que están recibiendo por la muerte de sus deudos.
Las irregularidades de los seguros contratados por SEP son casi las mismas que tienen las pólizas de seguro adquiridas por la actual dirigencia de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), denunciadas ayer en este mismo espacio por familiares de profesores que perdieron la vida en 2005 y 2006.
Entre los maestros que fueron rasurados del padrón de beneficiarios de la SEP se encuentra Isidoro Isaac Martínez Salinas, cuñado de Gustavo Espinosa Vázquez, secretario general de la sección 51 del SNTE. Hasta la fecha, los familiares no han podido cobrar la indemnización del seguro contratado por el gobierno del estado.
En septiembre de 2006, Darío Carmona García, titular de la SEP estatal, decidió rescindir a Inbursa un contrato de seguros de vida en favor de más de 25 mil pesos, para asignarlo a Banorte Generali, compañía que también vendió un seguro similar a la sección 51.
Curiosamente, el agente que vendió el seguro a la SEP es el mismo que gestionó el contrato con la Sección 51.
Sospechas de fraude
El seguro institucional fue otorgado por la SEP estatal como parte de las negociaciones con el SNTE 51 y comenzó a operar desde hace varios años. Dicha prestación incluye el pago de 40 meses de sueldo base (denominado Concepto 07) por fallecimiento; 50% de anticipo ante enfermedad terminal; 30% de anticipo por gastos funerarios y cobertura en licencias de trabajo por prescripción médica.
Dicho contrato fue asignado a Aseguradora Hidalgo hasta el 31 de enero de 2006 y, posteriormente, se le otorgó a Seguros Inbursa. Aunque la prima cubría el periodo del 1 de febrero de 2006 al 1 de febrero de 2007, la dependencia lo finiquitó el 31 de agosto de 2006.
Fue en septiembre del 2006 cuando Darío Carmona autorizó entregar el contrato por un año a Banorte Generali, mediante la póliza 574501 y gracias a la gestión del agente Fabricio Barrera. El nuevo Seguro Institucional contratado amplió a 45.8 meses de sueldo la indemnización por fallecimiento, pero el beneficio nunca fue promocionado o difundido entre los beneficiarios.
La evidencia
El caso más extraordinario sobre los problemas en la operación del seguro de vida ocurrió con el cuñado de Gustavo Espinosa, Isidoro Isaac Martínez, quien falleció el 25 de diciembre de 2006 a causa de una enfermedad terminal.
No obstante, antes de perder la vida, el hoy finado acudió a seguros Inbursa para exigir el cobro del anticipo del 50% por enfermedad terminal, pero fue notificado, a través de un oficio fechado el 6 de noviembre de 2006, que no estaba asegurado. Ese documento fue girado también al gobierno del estado, específicamente a la SEP.
“Hacemos referencia a la reclamación presentada por usted, al efecto nos permitimos comunicarle que se ha considerado improcedente el pago de la Suma Asegurada del Beneficio Adicional por Enfermedad Terminal del Sr. Isidoro Isaac Martínez Salinas, ya que en la información proporcionada a nuestra Gerencia de Contratación Grupo y Colectivo Vida, en la emisión de la póliza del 1 de febrero de 2006 al 1 de febrero de 2007, no se encontró Asegurado el Sr. Isidoro Isaac Martínez Salinas”, asienta el oficio.
Otro caso fue la profesora de educación preescolar Luiyi Olaya Coeto, quien falleció a finales del 2006. En un principio, los familiares acudieron a Seguros Inbursa para exigir el pago de indemnización, pero fueron informados sobre la cancelación de contrato y los canalizaron a la empresa Banorte Generali.
Al llegar a la nueva compañía, los familiares de la profesora se enteraron que pese a que Luiyi Olaya devengaba un salario mensual de 4 mil 769.60 pesos, en la base de datos de Banorte Generali aparecía con una cotización de 4 mil 281 pesos. (Documento 3 y documento 4)
En un principio, los familiares recibieron una propuesta de finiquito por 196 mil 76 pesos, que equivalía a 45.8 meses de salario y una cotización de 4 mil 281, cuando en realidad le correspondía un monto de 218 mil 447 pesos. La oferta fue rechazada y los parientes exigieron el pago completo, por lo que tuvieron que promover una modificación y exigir el pago de la diferencia que ascendía a 22 mil 371 pesos.
Otro caso similar ocurrió con Mario Carpinteyro Argüelles, profesor de telesecundaria y que falleció el 26 de diciembre de 2006. En sus talones de pago emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, el docente tenía un pago de 16 mil 271 pesos, pero ante la aseguradora la SEP estatal reportó un salario de 14 mil 605 pesos. Esta modificación salarial implicó que el maestro dejara de percibir 76 mil 322 pesos. (Documento 6 y documento 7)
Ante esa situación, los familiares acudieron a Seguros Inbursa, pero allí se les explicó que el contrato había sido rescindido, por lo que los enviaron a Banorte Generali, en donde les ofrecieron un pago de 668 mil 918, cuando lo que realmente les correspondían 745 mil 241 pesos. Al final tuvieron que solicitar una modificación del salario para acceder al pago total.
En todos los casos, Fabricio Barrera fue el responsable de ingresar a la base de datos de Banorte Generali el monto salarial de cada docente.
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