miércoles, 9 de agosto de 2006

Ejidatarios acusan a Zavala


miércoles 9 de agosto de 2006
Ejidatarios de Tonantzintla acusan a Javier López Zavala de amenazarlos de muerte
(Javier Puga) La Jornada de Oriente

Ejidatarios de Santa María Tonantzintla, encabezados por Enrique Cuautle, acusaron al secretario de Gobernación del estado, Javier López Zavala, de amenazarlos de muerte si no desisten de exigir al gobierno la devolución de sus terrenos, motivo por el cual interpusieron las denuncias correspondientes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no los ha ayudado, dijeron.

El reclamo no es nuevo: en lo que va del año estos ejidatarios se han manifestado en diversas ocasiones, lo mismo en Casa Aguayo que cerrando en cuatro ocasiones distintas la carretera federal a Atlixco para exigir atención a su reclamo por parte de las autoridades; incluso en una ocasión el propio López Zavala se presentó en uno de los bloqueos para dialogar con los inconformes.

El problema más grave, sostuvieron, es que son muchos los poblanos que “ingenuamente” siguen comprando terrenos en el exclusivo residencial La Vista Country Club, así como propiedades en los fraccionamientos habitacionales aledaños, cuando ellos, afirmaron, son los legítimos dueños de esos terrenos, “y tenemos las escrituras que nos otorgó el gobierno federal para comprobarlo”.

En total son 100 ejidatarios, propietarios de 200 hectáreas de terrenos que actualmente conforman lo que es la zona de Angelópolis y son ocupados por las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, el club de golf La Vista, por centros comerciales, hoteles, las oficinas de Ciudad Judicial, escuelas y por una infinidad de fraccionamientos que son tipo residencial.

El despojo, argumentan, ocurrió mientras la mayor parte de ellos estaba trabajando ilegalmente en Estados Unidos. Por medio de familiares fueron avisados de los planes del entonces gobernador Manuel Bartlett de crear la reserva territorial Atlixcáyotl, lo cual significó la expropiación de sus terrenos bajo el pretexto de “utilidad pública”, y señalaron al notario Mario Montero Serrano de avalar ese fraude, motivo por el cual también está denunciado.

En rueda de prensa, comentaron que algunos de ellos tardaron más de 10 años en regresar al país, y cuando lo hicieron pudieron observar con indignación que sus antiguas parcelas ahora estaban convertidas en fraccionamientos particulares, comercios y escuelas.

Denunciaron al gobierno del estado, interpusieron un recurso de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los juzgados federales de 10 distritos del estado, pero ahora el problema se ha agudizado más, luego de que ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos –a la que han acudido en más de 12 ocasiones, dijeron– ha querido intervenir para investigar los casos de intimidación, amenazas de muerte y persecución por parte de López y sus empleados de la secretaría de Gobernación.

De nueva cuenta, los pobladores de Tonanzintla anticiparon que endurecerán su postura si el gobierno estatal no les resuelve este problema. La primera acción inmediata será el cierre de la carretera federal Puebla-Atlixco, aunque no precisaron cuándo.

1 comentario:

Efraín Núñez dijo...

Niega Gobernación despojo a ejidatarios

Efraín Núñez

Armando Toxqui Quintero —subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación— desmintió que el Gobierno del estado haya engañado o despojado de sus tierras a ejidatarios de El Fuerte, ubicado en la zona de Oriental, donde se construye la segunda parte de uno de los proyectos más ambiciosos del marinismo: “La Célula” o “Puerto Seco”.


Por la mañana, el perredista Mario Vélez Merino acusó una serie de irregularidades cometidas por el Gobierno del estado contra los ejidatarios de la zona, por lo que anunció, en rueda de prensa, que presentará una denuncia contra Javier López Zavala —secretario de Gobernación— por irregularidades en la venta de las más de 300 hectáreas en el mencionado ejido.


Al respecto, el subsecretario de Gobernación aseveró que se han cubierto todas las formalidades de la Legislación Agraria para la adquisición de 312 hectáreas de uso común por parte del Gobierno estatal, a través de un contrato de usufructo que se realizó en una asamblea con la aprobación de más del 50 por ciento de los ejidatarios:


“Se lanzó la convocatoria correspondiente para autorizar la celebración de un contrato de usufructo como promesa de compra-venta con el Gobierno del estado, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Sustentable, el cual faculta al comisariado ejidal para que se suscriba el mismo. Estuvo presente un notario público. Tengo a la vista de todos ustedes el Libro de Actas, donde se determina que el punto correspondiente para la venta se aprobó por unanimidad. Aquí están las firmas de los más de 140 ejidatarios”.


El funcionario estatal invitó a Mario Vélez a “sentarse a la mesa” para llevar a cabo un “diálogo de altura” y de “madurez” y no confundir a la población con situaciones que no son: “Habla —Vélez— de despojo y de robo; además de que presentará las denuncias contra el secretario de Gobernación, pero lo invitamos a un diálogo”.


De igual forma, manifestó que se ha cubierto con el pago de sus tierras a más de la mitad de los ejidatarios, con quienes se pactó un precio de 20 mil pesos por cada hectárea, así como obras de excavación de dos pozos de riego, entrega de fertilizantes para cuatro años, un salón de usos múltiples y un trascabo con costo de 2 millones de pesos:


“Este proyecto se realiza con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida a los pobladores de esta región; además de llevar empleos al municipio. El Gobierno del estado cumplió conforme a la Ley Agraria con el contrato de compra-venta de 312 hectáreas en la zona de El Fuerte, perteneciente al municipio de Tepeyahualco de Hidalgo”.


Por su parte, Hugo Roldán Cruz —comisariado ejidal de El Fuerte de la Unión— manifestó que 15 de los 235 ejidatarios no estuvieron de acuerdo con la venta de las tierras; sin embargo, aclaró que 143 del total de los propietarios estuvieron presentes en la asamblea, donde se puso a votación la venta de los terrenos a la administración estatal.